El despliegue de 20.000 puntos de recarga en las grandes superficies que ha exigido el Gobierno a las empresas de distribución desde el próximo 1 de enero está condenado al fracaso. "No hay capacidad técnica para ello, es absolutamente imposible", aseguran de forma prácticamente unánime todas las grandes compañías del sector.
En conjunto, y como mucho, se podrá llegar de acuerdo con sus estimaciones a un 20%, lo que equivale a unos 4.000 puntos. Es una cifra que se queda muy lejos por lo tanto de los objetivos marcados en la directiva europea de Eficiencia Energética.
El secretario general de Anged, Marcos Casado, solicitó ya el pasado 5 de octubre una "mayor proporcionalidad y racionalidad" en el despliegue de la red, advirtiendo de la "imposibilidad" técnica y material de poder alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno para el inicio de 2023.
Con una inversión de entre 3.000 y 6.000 euros por cada punto de recarga, el despliegue de esta red no sólo requiere de una fuerte inversión para las empresas, si no de una capacidad técnica (empresas instaladoras autorizadas) y una adecuación del resto de normativa (municipal, prevención, seguridad, entre otras) que, según dijo Casado, no se da en estos momentos.
La no consecución de los objetivos en materia de electrificación no se limita además solo al sector del consumo. España cuenta al cierre del primer semestre del año -últimos datos disponibles- con un total de 15.772 puntos de recarga de acceso público.
Es una cifra nimia en comparación con los 45.000 puntos de recarga con los que se esperaba cerrar el año 2022, según el Barómetro de Electromovilidad de Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). De hecho, en el segundo trimestre del año tan solo se instalaron 1.528 puntos de acceso público en comparación con el cierre del primer trimestre.
Baja potencia
Por si esto fuera poco, tan solo el 17% de los puntos instalados corresponden a potencias superiores a los 22 kW, es decir, 2.696 postes. De hecho, tan solo hay 151 puntos de recarga en España de acceso público de al menos 250 kW. No obstante, el 68% de estos puntos corresponden a proyectos de fabricantes automovilísticos. España es el único país de la Unión Europea que ha decidido adelantar 2 años los requisitos mínimos establecidos por la directiva europea de eficiencia energética.
Plazo transitorio
Por eso, desde Anged se propone un plazo transitorio mayor para la obligación de implantación de los puntos de recarga. En concreto, Casado ha propuesto un plan progresivo para instalar el 20% del total de plazas antes del 1 de enero de 2023, el 50% antes del 1 de enero de 2024, y el 100 % de las estaciones de recarga para el inicio del año 2025.
Anged solicita asimismo ayudas efectivas para el despliegue de estas infraestructuras y, sobre todo, una disminución de las trabas administrativas, las cargas burocráticas y los complejos trámites de las licencias, que retrasan en exceso las nuevas instalaciones de puntos de recarga.
En medio de una fuerte crisis energética y un entorno de gran incertidumbre para el consumo, la distribución se ha visto afectado en el último año por una treintena de nuevos costes regulatorios y fiscales, por lo que desde Anged insisten en la necesidad de una mayor flexibilidad.
"Nuestro sector puede contribuir a la transición hacia una movilidad más sostenible y a incrementar el número de puntos de recarga, pero la norma debe ser proporcionada y racional, buscar incentivos y no aumentar todavía más la crisis de costes que sufren las empresas", asegura la patronal de empresas como El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin, MediaMarkt, Carrefour o Eroski, entre otras.
Al margen de la distribución, las grandes empresas de infraestructuras han planteado al Gobierno un plan para invertir 1.600 millones en el desarrollo de 600 electrolineras en la red de carreteras.
Impuesto al plástico, otra batalla
Además de los puntos de recarga del coche eléctrico, la gran distribución ha pedido también un aplazamiento del nuevo impuesto al plástico, que entrará en vigor el 1 de enero y que amenaza con provocar una nueva subida de los precios. Hasta 15 patronales del sector del motor, la alimentación, la distribución, la química, la droguería y la perfumería, además de la propia industria del plástico han solicitado una prórroga al Ministerio de Hacienda.
