Nuevo revés europeo para el expresidente catalán Carles Puigdemont esta semana. Si el lunes el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) rechazaba su petición de medidas cautelares para poder tomar posesión como eurodiputado y el martes no viajaba a Estrasburgo por miedo a ser detenido, este miércoles la Comisión Europea (CE) ha rechazado una iniciativa suya para sancionar a España.
Concretamente, la CE ha rechazado una Iniciativa Ciudadana Europea del expresidente de la Generalitat para que se investigue y se castigue a España por supuesta vulneración de derechos de las minorías, entre otros valores de la UE, han avanzado a EFE fuentes europeas.
Puigdemont y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, fueron los impulsores de esta iniciativa ciudadana que buscaba reclamar a la Comisión que se aplique contra España el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que se activa cuando un país no respeta los derechos y principios fundacionales comunitarios y puede acabar con sanciones al país afectado.
Hemos rechazado la iniciativa ciudadana «Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas» ya que no invita a @EU_Commission a presentar una propuesta de acto jurídico (objetivo de estas iniciativas)
— Prensa Comisión EU (@PrensaCE) 3 de julio de 2019
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"Está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para proponer un acto jurídico para la aplicación de los Tratados de la UE, y, por consiguiente, la considera inadmisible", ha informado la Comisión en un comunicado tras subrayar que no se le pide "presentar una propuesta de acto jurídico, que es el único objetivo de las iniciativas ciudadanas europeas", recoge EP.
Entre otros ejemplos de derechos fundamentales que Puigdemont consideraba quebrantados están "el deficiente reconocimiento y escaso respeto de los derechos de las minorías", "la politización de las altas instancias jurisdiccionales" españolas, "la utilización espuria" de mecanismos como las euroórdenes, o "la vulneración de derechos civiles y políticos".
Solo la Comisión o el Parlamento tienen la potestad de iniciar el procedimiento en defensa de los valores europeos que recoge el artículo 7 de los tratados y que hasta la fecha solo se ha utilizado contra Polonia y Hungría, ambos aún en diálogo con las instituciones sobre sus violaciones de principios como la independencia judicial. El rechazo del Ejecutivo comunitario responde a la "inadmisibilidad jurídica" de la propuesta y no al fondo de la iniciativa.
Un millón de firmas de siete países
Si la CE hubiera admitido el registro, se hubiera iniciado un periodo de un año en el que la iniciativa necesitaba un millón de firmas de apoyo de al menos siete países distintos para formalizar su validez y que el Ejecutivo europeo se hubiera tenido que pronunciar al respecto.
Durante su presentación el pasado mes de mayo, Puigdemont señaló que si la CE no aceptara el registro de su Iniciativa Ciudadana Europea hay "jurisprudencia válida" para recurrir el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).