Política

El Supremo rechaza dejar en libertad a los presos del procés hasta que se conozca la sentencia y avala su traslado a cárceles catalanas

  • Marchena les mantiene en prisión preventiva aunque haya acabado el jucio
  • Los jueces no aprecian razones sobrevenidas para levantar la medida cautelar
El tribunal que ha juzgado el procés, presidido por el magistrado Manuel Marchena. Foto: EFE

La Sala II del Tribunal Supremo, encargada de juzgar el procés catalán, ha desestimado este viernes conceder la libertad provisional que fue solicitada por siete de las nueves defensas con acusados en prisión -las de Oriol Junqueras y Raül Romeva no lo hicieron- durante la fase final del juicio o inmediatamente tras su conclusión. Los magistrados no aprecian razones sobrevenidas para levantar la medida cautelar una vez finalizado el juicio, por la necesidad de salvaguardar los fines del proceso, que está ya en el último tramo y con la deliberación que definirá su desenlace iniciada.

Esta decisión echa por tierra las peticiones de las defensas, pero pone en marcha el mecanismo para que los presos vuelvan a cárceles catalanas una vez el tribunal presidido por Manuel Marchena ya no va a requerir su presencia en el Supremo hasta que se conozca la sentencia del caso, que unas fuentes sitúan a finales de julio y otras a entre septiembre y octubre.

El propio Marchena ha dictado hoy también un oficio en el que comunica a Interior que no ve obstáculos para el traslado. En el escrito dirigido al secretario general de Instituciones Penitenciarias se pone de manifiesto "que, en este momento, no está prevista la práctica de actos procesales que exijan la intervención personal de los procesados. De ahí que no exista obstáculo para hacer efectiva la decisión adoptada por ese departamento de proceder al traslado de los procesados presos a centros penitenciarios radicados en Cataluña".

En el auto en el que deniega la libertad de los acusados, el tribunal reitera al respecto, como hizo en el auto del pasado 14 de junio que denegó la salida de Oriol Junqueras para jurar como eurodiputado, que este momento del proceso, una vez 'visto para sentencia' el juicio, "sitúa a la Sala en una posición privilegiada, hasta ahora inédita, para valorar la intensificación del 'fumus boni iuris' que ha venido sosteniendo las medidas cautelares acordadas por el Excmo. Sr. Magistrado instructor y ratificadas por la Sala de Recursos".

Asimismo, el auto contesta a las alegaciones de los acusados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez en cuanto respaldaban su petición de libertad apoyándose en un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. La Sala reconoce la influencia de los Comités, Grupos de Trabajo y Relatores de Naciones Unidas en la consolidación de una cultura universal de respeto a los derechos humanos, que incluso han determinado recientes reformas del proceso penal español como, por ejemplo, la generalización de la doble instancia y han sido determinantes en nuestra jurisprudencia.

Sin embargo, el tribunal explica que ese reconocimiento general de esos grupos no le exonera de su deber de examinar algunas de las circunstancias que han estado presentes en la elaboración, contenido y modo de conocimiento del dictamen de este Grupo de Trabajo de la ONU.

Los magistrados destacan que el dictamen no tiene valor vinculante, en contra de lo sostenido por las defensas, y que no se refiere a los presupuestos que hacen imprescindible la medida cautelar de prisión, sino que hace una valoración de los elementos de los tipos penales objeto de acusación "a espaldas" de la actividad probatoria desarrollada durante cuatro meses en el Supremo. Los magistrados precisan, frente a lo sostenido por las defensas, que tampoco el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido el carácter vinculante de los dictámenes de este grupo de trabajo de la ONU.

Respuesta al grupo de trabajo de la ONU

Para el tribunal, "mal puede reivindicarse la libertad de un acusado, por pérdida de vigencia de los presupuestos que llevaron a la adopción de una medida cautelar, cuando lo que se está pidiendo en ese dictamen es que el Gobierno" tome las medidas necesarias para remediar esa situación, lo que supone ignorar una de las notas esenciales de cualquier Estado de Derecho que es la que impide al poder ejecutivo dirigir instrucciones u órdenes a los tribunales de justicia.

El Supremo se apoya además en los informes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado en relación al dictamen del Grupo de Trabajo. Así, destaca que la Fiscalía tiene razón cuando lo califica de grupo puramente auxiliar e informativo de eventuales y futuros posicionamientos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en relación con la Abogacía del Estado, la Sala recuerda que ha solicitado la revisión del mencionado dictamen por falta de imparcialidad y objetividad en los miembros del Grupo de Trabajo, aludiendo entre otros extremos a la sospecha de filtración del informe por el abogado de Cuixart, Sánchez y Junqueras, que habría sido relator de Naciones Unidas hasta 2017 y habría desarrollado una actividad concomitante con dos miembros del Grupo de Trabajo.

Sobre el fondo de lo señalado en el informe, el Supremo señala que "olvida (...) que el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 había sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", y contiene también inasumibles valoraciones probatorias acerca de la concurrencia de violencia como elemento típico del principal delito por el que se ha formulado acusación, incluyendo "una valoración a ciegas de elementos probatorios cuya verdadera realidad no ha podido ser apreciada por los redactores del informe". El tribunal creo que "no faltan en el dictamen afirmaciones extravagantes, carentes de toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal".

No se juzgan ideas

La Sala rechaza de plano la idea de que las acusaciones penales de esta causa tengan por objeto coaccionar a los acusados por sus opciones políticas en torno a la independencia de Cataluña: "Sólo a partir del desconocimiento de nuestra realidad política y jurídica, pueden suscribirse mensajes de esa naturaleza. El proceso penal no incluye entre sus fines coaccionar o inhibir a los líderes políticos que quieren llevar a cabo un programa independentista. Esta línea argumental prescinde del hecho de que las ideas políticas hechas valer por algunos de los acusados son las mismas que identifican a los partidos políticos que sostienen al actual gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña".

"Se olvida, además -añade el auto-, que a lo largo del juicio han estado presentes, en todas las sesiones, representantes del gobierno autonómico con reconocida identidad ideológica respecto de unos u otros procesados. Todos ellos -más de un centenar- han recibido el trato protocolario que nuestra legislación dispensa a las autoridades autonómicas".

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comentariosforum6

Burla sin fronteras
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Pues es casi lo mismo.

En cuanto lleguen a cataluña, firmarán la entrada en la cárcel-balneario y al día siguiente, a lo más tardar, les pondrán en la calle como al hijo de pujol.

No soy adivino, es que ya ha pasado hace pocas fechas.

Puntuación 6
#1
Eh ?
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Pero no es casi lo mismo ?

Puntuación 4
#2
RODOLFO ZALAYA ZUBIZARRETA
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Me he comprado una litera. Abajo duermo yo y... ¡arriba España! xD

Puntuación 2
#3
ABDERRAMAR
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LE BAN A METER UN PAQUETE A ESPAÑA QUE SALDRA CON LAS OREJAS TEMBLANDO...

1- POSIBLE EXPULSION DE LA ONU,,,COMO EN TIEMPOS DE FRANCO...

2-POSIBLE EXPULSION DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA...

PERO NO PASA NADA TENEMOS A ARABIA SAUDITA DE SOCIO PREFERENTE.

Puntuación -4
#4
marchenda
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el tribunal supremo esta prebaricando y lo saben...

Puntuación -1
#5
incierto
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Y "AVALAR" SU TRASLADO ¿ NO EQUIVALE A UNA

"CIERTA CLASE DE LIBERTAD DE ESTOS DELINCUENTES

QUE HAN COMETIDO EL MAYOR DELITO DE LOS POSIBLES

EN DEMOCRACIA..........COMO ES EL GOLPE - Y SIGUE - DE

ESTADO ?

UUFFFFFFFFFFFFFFF

Puntuación 1
#6