Política

España se queja ante la ONU por el informe sobre los presos del procés y reclama que se aparte a sus dos autores

  • El Gobierno detecta conflicto de intereses en dos autores del escrito
  • El informe veía arbitrarias las detenciones de Junqueras y 'los Jordis'
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, durante el juicio del procés. Foto: EP

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dicho este viernes que España ha pedido que se revise la opinión del grupo de expertos de la ONU que ha pedido la liberación de tres de los líderes soberanistas catalanes presos.

"El embajador español en Ginebra ha presentado hoy ante Naciones Unidas dos notas verbales: una en la que solicita la revisión de la opinión de este grupo por los errores y distorsiones que contiene y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses", ha asegurado Celaá en la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha añadido que varios de los cinco miembros del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU ha tenido relaciones estrechas con Ben Emerson, uno de los letrados de los líderes independentistas. "El mexicano José de Guevara Bermúdez y el surcoreano Seon-Phil Hong han compartido tareas como relatores con Ben Emerson, lo que hubiera exigido su abstención en el tratamiento de este caso", ha subrayado.

"El Gobierno de España (...) considera importante que (los procedimientos especiales de la ONU) se doten de mecanismos de financiación transparente, que impidan que puedan ser objeto de manipulación, desinformación e intoxicación", ha afirmado también.

La explicación de España Global

Desde España Global, su responsable, Irene Lozano, ha avisado de que en el informe de este grupo de trabajo "ni siquiera hace falta argumentación jurídica". De hecho, ha remarcado que el informe demuestra "un desconocimiento de la situación" y está "lleno de inexactitudes y de omisiones".

Entre otras cosas, ha destacado que no se menciona el delito de malversación, ni la situación por la que pasó la secretaria judicial los que acudió a la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre, ni la sesión parlamentaria del 7 de septiembre en la que se aprobaron las llamadas 'leyes de desconexión'. Además, ha señalado que el Abogado del Estado envió como alegaciones un documento de 55 páginas, que en el informe final el Grupo de trabajo queda reducido a solo dos.

Eso sí, cree que era "previsible" que los independentistas acabasen por encontrar "un resquicio" para difundir sus tesis, porque "han llevado a cabo una campaña de desinformación por todos los medios posibles", y el grupo es "víctima de esta campaña de desinformación".

El resultado, ha opinado, es "una falta de respeto al Estado de Derecho" español, entre otras cosas porque, al reclamar la liberación de los presos, pide al Gobierno que se entrometa en lo que corresponde al Poder Judicial y porque "roza la interferencia en un proceso judicial en curso".

¿Qué decía exactamente el informe?

El Grupo de Trabajo ha dictaminado en su informe que la privación de libertad de Cuixart, Sànchez y Junqueras es "arbitraria" y le pide al Gobierno que les ponga "inmediatamente en libertad" y les conceda "derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación".

Reclama, también, una "investigación exhaustiva" y remite el caso a los relatores especiales de la ONU sobre derecho a la libertad de reunión y sobre derecho a la libertad de opinión y expresión. Además, da un plazo de seis meses para que tanto el Gobierno español como los denunciantes informen de si se han tomado estas medidas: libertad, indemnización, investigación de la "violación de sus derechos" y aprobación de leyes para que España se ajuste a lo que dice el grupo de trabajo.

El informe asume la totalidad de las denuncias de los tres procesados y considera que no ejercieron violencia ni incitaron a ella, sino que ejercieron su libertad de expresión.

En ausencia de violencia, dice, el Grupo de Trabajo está convencido de que "las acusaciones penales en su contra tienen por objeto coaccionarles por sus opiniones políticas", "inhibirlos de continuar con esa pretensión" y "justificar" una detención que, a su juicio, se debe solo al "ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política".

También asume que las declaraciones de altos responsables del Gobierno "que condenaron abiertamente a los acusados antes de la sentencia" vulneran su presunción de inocencia. Se refiere directamente a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

El Grupo ignora las alegaciones del Gobierno que, entre otras cosas, subraya que solo el Poder Judicial puede vulnerar esa presunción y que España es un Estado de Derecho con separación de poderes, de manera que las declaraciones de miembros del Poder Ejecutivo no son relevantes ni hay indicios de que influyesen.

Por otro lado, considera que tampoco se ha respetado su derecho a ser juzgados por un tribunal competente e imparcial, porque asume que debieron ser juzgados en Cataluña y que tampoco tuvieron tiempo suficiente para preparar su defensa.

El informe asume también la alegación de que organizar referendos está despenalizado en España y opina que "la libertad de opinión y de expresión comprende la posibilidad de manifestar la forma en que los pueblos pueden determinar libremente su sistema político, su constitución o gobierno" y que "los pueblos gozan del derecho a determinar libremente su condición política y del derecho a elegir la forma de su constitución o gobierno".

Los grupos de trabajo son uno de los tres tipos de "procedimientos especiales" con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos para estudiar una situación concreta (los otros dos son los relatores especiales y los expertos independientes).

El informe no era vinculante

Cualquier persona puede enviarles un escrito si cree que hay una situación no conforme con el Derecho Internacional en su ámbito, aunque sus decisiones no son vinculantes. A diferencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, los grupos de trabajo admiten asuntos aunque no hayan agotado los recursos en el ámbito de su país de origen.

Este grupo está presidido por el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez y los demás miembros son la australiana Leigh Toomey, Elina Steinerte (Letonia), Seong-Phil Hong (Corea del Sur) y Sètondji Adjovi (Benin). Guevara Bermúdez, con una larga experiencia en asuntos de Derechos Humanos en su país, es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

Como presidente de este grupo de trabajo de la ONU, fue uno de los cuatro expertos que, el 4 de octubre de 2017, tres días después del referéndum de independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, pidió al Gobierno español diálogo y le instó a "respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión".

Los expertos, si bien reconocieron que el referéndum había sido declarado ilegal y la Policía intentaba frenarlo, se declararon "perturbados por la erupción de violencia" del 1-O y pidieron que se investigase "por qué cientos de personas que protestaban pacíficamente o trataban de votar y manifestar sus opiniones, al igual que algunos agentes de policía, resultaron heridas".

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comentariosforum2

Vacilón
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Con un par y basta.

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#1
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¿ Dos notas verbales ? ¿ Musicales ?

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#2