Albert Rivera no da un paso atrás. El martes ejerció de líder de la oposición a Pedro Sánchez, interviniendo en la sesión constitutiva de la XIII legislatura, llamando la atención de la nueva presidenta, la socialista Meritxell Batet, para que ésta evitara los acatamientos de los políticos presos, invocando éstos a la república catalana y prometiendo por imperativo legal.
La intervención de Rivera, medida hasta en sus consecuencias, venía a interpelar así no solo a los nuevos diputados de ERC y de JxCat -que duermen en la prisión de Soto del Real-, sino también al Gobierno, todavía en funciones de Sánchez, y a la irrupción que el Partido Socialista de Cataluña ha hecho en las instituciones parlamentarias nacionales.
Su gesto, el de ser el más firme opositor a Sánchez, negándole los 57 escaños de Ciudadanos que darían a éste en su investidura una mayoría de 180 diputados, es resultado suficiente como para no depender de otras formaciones escoradas en tesis más radicales, sin tener tampoco que depender de las presiones a las que se verá abocado el PSOE con los partidos nacionalistas e independentistas, a cambio de su apoyo en la investidura.
El caro precio que pagará Sánchez para alcanzar la presidencia del Gobierno tiene -dentro de la lógica aritmética parlamentaria-, una vía de oxígeno si Rivera experimenta un cambio de posición, algo que, por otra parte, no dejan de pedir los dirigentes socialistas desde el día siguiente a las elecciones generales. Por ahora, Rivera y su partido están convencidos de que los tratos y los pactos de Sánchez ya están hechos, y a lo que ahora asistimos es a una escenificación, a la espera del resultado en las urnas el 26-M.
Es más, la formación naranja cree que el candidato a la presidencia del Gobierno ha repartido los ministerios con Unidas Podemos. Tampoco descarta Cs un enjuague del PSOE con ERC, toda vez que se celebren las municipales y quizás sean necesarios los votos del PSC para que Ernest Maragall sea el alcalde de Barcelona.
En ese escenario, solo un abstención de Cs en la investidura puede ahuyentar un acuerdo con Unidas Podemos, que puede ser perjudicial para España, sostienen fuentes de círculos políticos y económicos.
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