Respetando la separación de poderes inspirada en el barón de Montesquieu, el juez Manuel Marchena ha enviado un oficio a las dos cámaras para que éstas procedan –según el reglamento parlamentario–, a suspender cautelarmente la posesión del acta de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y la del senador Raul Romeva. Con esta decisión, la piedra en el tejado está ahora en las Mesas del Congreso y del Senado, y eso, de algún modo, pone en peligro la investidura de Pedro Sánchez.
La lógica política determina el cumplimiento del oficio de Marchena, más allá de que la nueva Mesa del Congreso vaya a tener una mayoría de izquierdas (cinco frente a cuatro) y pretendiese anular la suspensión cautelar de las actas de los políticos presos, saltándose su propio Reglamento. Pero una posición contraria al oficio del Supremo sería un escándalo, de tal magnitud, que es muy difícil que este órgano tome una decisión adversa.
Aunque una cosa es lo correcto, y otra lo que le conviene al Grupo Socialista y a Unidas Podemos, sobre todo cuando han visto cómo el independentismo catalán es capaz de obstaculizar la presidencia de Miquel Iceta en el Senado.
De ahí el temor del bloque de la izquierda, el que tiene posibilidades más claras de alcanzar el nuevo Gobierno. Y es que los independentistas están dispuestos a dar la batalla y a utilizar sus actas como elemento de presión.
Es más, si quisieran ambos, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, notablemente molestos con la suspensión cautelar, pueden poner en peligro la abstención que necesita Pedro Sánchez para ser investido presidente, aunque sea con mayoría simple en la segunda votación.
Ni siquiera la suspensión de cuatro de las actas garantiza la mayoría simple que añora el socialista, porque entonces se entendería que, a menos diputados, menos votos para una mayoría simple.
Además, Coalición Canaria, con sus dos diputados, ya ha dicho que no formará parte del pasteleo de un gobierno entre Sánchez e Iglesias, ni para un apoyo ni para una abstención. Y quién sabe si, a última hora, la suspensión de los cuatro diputados catalanes no conduzca a la renuncia del acta de éstos, por lo que inmediatamente la lista de los dos partidos soberanistas se vería remplazada por nuevas caras dentro de sus filas.
El peor de los escenarios contra Sánchez, con una abstención de PNV y de EH Bildu, los noes de PP, Cs, NA+, Vox, Coalición Canarias, y también ERC y JxCAT, puede enviar de nuevo a los españoles a las urnas.
De todo este galimatías, lo que sí parece claro es que la presión de los independentistas catalanes no cesará hasta el minuto final de la investidura, aunque después de las elecciones del 26-M, con los ayuntamientos y las CCAA constituidas, algunas de las incógnitas se despejarán. El caso del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo notorio. El PSC será determinante para que gobierne, bien ERC, bien los comunes de Ada Colau. Y ahí, tantas presiones pueden cambiar de tendencia.
Primer dolor de cabeza de la Mesa
Constituidas las Mesa del Congreso y del Senado, una de las primeras decisiones que tendrán que tomar estos órganos es qué hacer con la suspensión cautelar que requiere el oficio del juez Manuel Marchena, siguiendo a pies juntillas lo que dicta el Reglamento de las Cámaras, que impide que un persona en prisión preventiva ostente un escaño y ejerza las competencias que se derivan del mismo.
La patata caliente no ha sido bien recibida por los miembros que con toda probabilidad ocuparán las sillas de las mesas a partir de este martes. Unas mesas en las que la mayoría recae en el bloque formado por el PSOE y Unidas Podemos, en el Congreso, y por el PSOE, a solas, en el Senado.
En una semana más o menos, ambas cámaras tendrán que retratarse y decidir si obedecer a lo que insta la justicia y sus propios reglamentos, o mirar para otro lado y dejar que los políticos presos ocupen sus escaños y voten.
Rufián leerá una carta de Junqueras donde critica la democracia de España
El segundo de estos escenarios sería un auténtico escándalo político, pues implica el incumplimiento de tu propio reglamento. Sin embargo, el primero, también suscitará sus represalias por parte del independentismo catalán representado en el Parlamento español.
Este lunes, y con motivo de la recogida de credenciales, Junqueras entregó una carta a Gabriel Rufián, para que éste la lea el martes en la día de la constitución de la Mesa del Congreso. La misiva tiene algo más que pistas. La primera, la de la presión permanente cuestionando la democracia española que ha impedido que estos políticos celebrarán una reunión con su grupo parlamentario en el Congreso, así como hacer declaraciones a los medios de comunicación.
El poder de las actas
Si Junqueras cumple lo que ya ha avanzado, el acta del líder de Esquerra será la menos problemática. La idea original del dirigente independentista es la de dejar su acta en el Congreso para recoger la de diputado de la Unión Europea. Así pues, una vez que tuviera lugar su renuncia, el siguiente en la lista de ERC subiría para ocupar el puesto de Junqueras.
Como se supone que la Mesa del Congreso dirimirá la suspensión cautelar de inmediato, la presión nominal de Junqueras se esfuma un poco en el calendario político.
La verdadera presión vendría entonces de los diputados del partido de Carles Puigdemont. Son tres diputados, luego, tres votos decisivos para que Pedro Sánchez salga elegido presidente del Gobierno, si en ya en la última votación, con mayoría simple, es decir, con más síes que nos, fueran necesarios.
Con estas cartas, el juego de las actas ejercerá una presión sobre Pedro Sánchez, quien hasta ahora solo tiene la garantía del apoyo de su grupo, el Socialista, Unidas Podemos, Compromís y PRC, la abstención del PNV, y la incertidumbre de EHBildu, de ERC y de JxC. En una situación como esa, solo la abstención de PP o de Cs le otorgaría la presidencia, despejando el camino de una repetición de elecciones.
