La expresidenta andaluza y dirigente socialista, Susana Díaz, encargó el 8 de enero de 2019 un informe para investigar las irregularidades que se atisbaban en el contrato del exministro Bernat Soria al frente de un organismo dependiente de la Fundación Progreso y Salud. La decisión la tomaba apenas días antes de abandonar la Junta, con un gobierno en funciones, y a punto de entregar el testigo a Juanma Moreno Bonilla, el 18 de enero de 2019. Díaz escondió el contrato fantasma del exministro Bernat Soria
El 8 de enero, con las maletas casi cerradas en San Telmo y con el Portal de Transparencia de la Junta perdiendo información por días, el último Ejecutivo de los socialistas depositaba en un cajón la solicitud de informe encargado a una consultora.
El objeto de la investigación se cernía sobre el exministro de Sanidad, Bernat Soria. Nada más dejar su cartera, la Junta le ofrecía un cargo como director del Departamento de Moleculares del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa.
Un curioso intercambio
La incorporación de Soria al organigrama de la Junta de Andalucía tenía tras de sí un curioso intercambio. El investigador valenciano cambiaba Madrid por Sevilla, y al tiempo, el presidente de la Junta, entonces, Manuel Chaves, emprendía viaje con destino a la capital del reino para ostentar el cargo de vicepresidente tercero y ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero. En su lugar, en la capital andaluza se quedaba José Antonio Griñán. Y es bajo el Gobierno de Griñán, con María Jesús Montero como consejera de Sanidad, el marco en el que se produce el fichaje estrella.
Según la investigación elaborada por PwC Tax Legal Services S.L, "la manera de operar de Bernat Soria en la Fundación –dependiente de la Consejería de Sanidad, con Montero al frente– son faltas muy graves y pueden ser motivos de rescisión de su vinculación laboral con la Fundación".
El informe señala a Soria por compaginar la responsabilidad en este organismo –nacido en el seno de la administración paralela–, con actuaciones de tipo privado, formando parte además del staff de empresas particulares,y participando en proyectos de investigación de otros organismos, a pesar de tener una clausula de exclusividad por la que todavía percibe 150.000 euros al año, el doble de lo que gana el presidente de la Junta.
Diez años sin darse ni cuenta
A lo largo de estos diez años en la Junta, casi hasta el final, Soria trabajó con María Jesús Montero –tanto con Griñán como presidente como con Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía–, hasta el momento en que ésta recibe la llamada de Pedro Sánchez, en junio de 2018, para encargarse del Ministerio de Hacienda.
En todo este tiempo, a lo largo de diez años, ni la consejera de Sanidad ni los presidentes socialistas de la Junta que estuvieron gobernando desde el 9 de mayo de 2009, hasta el 8 de enero de 2019, han reparado en abrir una investigación sobre una situación insólita que ha levantado suspicacias en la Fundación Progreso y Salud, según ha podido saber elEconomista.
Además de este contrato, el informe privado encargado por Díaz, ha detectado más irregularidades en otras contrataciones dentro de la Fundación Progreso y Salud.
En dicha Fundación, también trabaja Verónica Juan Quilis, al frente de la Biblioteca Virtual del Sistema Público Andaluz. No obstante, el informe no se ha centrado en este contrato.
