Barcelona
La decisión de Pedro Sánchez de dar por finalizada la legislatura y convocar elecciones generales anticipadas para el 28 de abril ha tenido un efecto colateral para los partidos catalanes: su dificultad para financiar la presente campaña electoral más otras dos al cabo de un mes (para el Parlamento Europeo y las municipales). Y es que la ley obliga a pagar las facturas a 90 días, y las ayudas públicas vinculadas a los resultados en las urnas tardan en llegar -aunque se puede pedir un adelanto-, de forma que la campaña de mayo llegará con gastos por pagar e ingresos pendientes.
Los grandes partidos de ámbito estatal tienen un mejor músculo financiero -y mayores subvenciones- para afrontar la campaña, pero la situación es muy diferente para las formaciones regionales, y especialmente para las soberanistas, que han tenido gastos extraordinarios vinculados al procés.
Así, el bloqueo de ERC y el PDeCat a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 les ha salido caro. Fuentes de ERC reconocen que no tienen deuda con la banca, pero ahora tampoco hay entidades financieras dispuestas a prestarles dinero. En un sentido similar se expresan en JxCat: "La banca no quiere dar crédito a los partidos políticos, y menos a los independentistas". Y es que han desaparecido los tradicionales financiadores de las campañas electorales: las cajas de ahorros y el Banco Popular -que se había especializado en este segmento, pero que fue absorbido en 2017 por el Santander para evitar su quiebra-.
Con todo, las formaciones reconocen que la cita de abril es clave, ya que los resultados que consigan en estos comicios pueden marcar el devenir en las elecciones europeas y municipales del 26 de mayo. Por ello, ERC tiene un presupuesto ligeramente superior al de las Generales de 2016. Entonces destinó 1,5 millones de euros (de los que 800.000 eran para enviar propaganda electoral por correo), mientras que estos días cuenta con más de 1,6 millones (de los que 850.000 son para el buzoneo, optando por envío universal).
La situación de JxCat es más complicada, ya que al no conseguir grupo parlamentario en 2016, recibió menos subvenciones. De hecho, todavía está litigando para recuperar el coste del buzoneo de la última campaña de las Generales, por 700.000 euros, debido a la negativa del Tribunal de Cuentas a efectuar el pago, pese a que el Tribunal Constitucional dictaminó que el PDeCat sí tenía derecho a tener grupo propio en el Senado.
Así las cosas, en esta campaña electoral JxCat ha optado por sustituir el envío postal universal -a todos los posibles electores- por el dirigido a personas mayores de 50 años, lo que reduce la cuenta de este apartado a 200.000 euros. Su presupuesto general para la campaña del 28-A es de un millón de euros.
En el caso de Catalunya en Comú Podem rechazan abiertamente pedir financiación a la banca, de forma que sus recursos los consiguen a través de donaciones y microcréditos -vías que también han buscado las formaciones soberanistas-, además de las subvenciones públicas. Su presupuesto es mucho más limitado que el de los partidos ya mencionados, con 250.000 euros para gastos ordinarios y 143.000 para el envío de propaganda electoral.
Peligro de multas en las municipales
La normativa electoral es diferente según si los comicios son europeos, estatales, autonómicos o municipales, y este último caso es el que tiene un límite de gasto más bajo para la campaña, vinculado al número de habitantes y de municipios en los que cada partido presente candidatura. La multa por superar el techo de gasto es de al menos 50.000 euros, por lo que es un tema especialmente sensible que los partidos conocen, pero que puede coger por sorpresa a las agrupaciones de electores de pequeños municipios.
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