Las listas electorales se han convertido en un refugio para los miembros del antiguo Gobierno de Carles Puigdemont que se hallan en la cárcel o en el extranjero. De las 14 personas que conformaron la anterior legislatura del Ejecutivo catalán, solo cuatro no están incluidas en ninguna candidatura -europeas, generales ni municipales-. Los que se han quedado al margen son la exresponsable de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa -la única en prisión preventiva que no concurre a ningún comicio-, y Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que están siendo procesados por el Tribunal Supremo, pero se encuentran en libertad bajo fianza.
Puigdemont, el máximo dirigente del 1-O -huido a Bélgica-, es candidato a las europeas por JxCat. Su número 2 es Toni Comín -también en Bélgica-, y le sigue en la lista Clara Ponsatí -que se halla en Escocia-. El que fue vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, es cabeza de la lista de ERC por Barcelona en las generales y, además, es el líder de la candidatura del partido republicano catalán en los comicios europeos. Y Raül Romeva, el antiguo consejero de Exteriores, es candidato al Senado, también por ERC.
Pero no solo los exmiembros del Govern conforman las candidaturas, sino también personas próximas a sus círculos. Por ejemplo, Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, es la número 1 de ERC por Girona en las generales.
También pareja y amigos
En la esfera de JxCat, en las generales, Jordi Turull -portavoz del Govern- es el número uno de la lista de Lleida, y Josep Rull -que fue encargado de Territorio- es el líder de la lista tarraconense. Jaume Alonso Cuevillas, el abogado de Puigdemont, es cabeza de la lista de JxCat por Girona en las generales, y Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) lidera la lista del mismo partido por Barcelona, también al Congreso.
En relación a las candidaturas al Senado por parte del partido de Puigdemont, se encuentran Lluís Puig -exconseller de Cultura-, que está en Bélgica; Josep Maria Matamala -que es el empresario mecenas de Puigdemont que le está financiando los gastos-, y Meritxell Lluís -pareja de Josep Rull-.
Las europeas y las generales no son las únicas listas concurridas: también hay presencia del exEjecutivo de Puigdemont en las municipales. Se trata de Joaquim Forn, exconsejero de Interior, que es alcaldable de Barcelona por JxCat.
Solo queda un nombre encima de la mesa: el de Meritxell Serret, que estaba al mando de Agricultura. También huyó a Bruselas, y Quim Torra la nombró delegada de la Ge-neralitat en ese país, por lo que ya está colocada.
Juicio durante la campaña
El hecho de que el juicio por el 1-O se esté llevando a cabo ahora en el Tribunal Supremo tiene un efecto colateral positivo para los candidatos en prisión preventiva. Esta coincidencia les permite interactuar más con los abogados y comunicarse más con el exterior -por ejemplo, respondiendo entrevistas por escrito- que si estuvieran en la cárcel sin estar desarrollándose las vistas, que son casi diarias.
Permiso para recoger el acta
El alto tribunal todavía no se ha pronunciado formalmente, pero varios medios aseguran que, según fuentes jurídicas, los encarcelados que resulten elegidos el 28 de abril podrán salir de la cárcel para recoger sus actas. En cualquier caso, los procesados podrían ser inhabilitados al estar procesados por rebelión, y ello impediría la posibilidad de ejercer su nuevo cargo. Además, hay un pronunciamiento del Supremo del 4 de abril sobre prevaricación extrapolada a otros delitos contra las instituciones del Estado -en una cuestión ajena al procés- que también podría tener efectos futuros.
La traducción de ello sería que, en el momento que hubiera una sentencia condenatoria, aunque no fuera firme -es decir, aunque pudiera ser objeto de recurso en instancias superiores, como la justicia europea-, no podrían presentarse a ningunas elecciones. De todos modos, esta situación no es aplicable a estos comicios, ya que serán antes de que el Supremo dicte sentencia.
Lo que pesa ahora mismo sobre los procesados por rebelión es una suspensión temporal para el ejercicio de cargo público, dictada por Pablo Llarena, que afecta a quienes ocupan escaños del Parlament y ha dejado al Govern de Quim Torra en minoría, por la negativa de algunos de ellos para nombrar sustitutos.
Así las cosas, todas estas maniobras, por un lado, consiguen dar voz a los procesados. Y, por otro, intentan buscar resquicios legales, pues la insólita situación escapa de las previsiones normativas existentes.
Entidades
