La Sala que juzga el procés en el Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que señala ante la Junta Electoral Central (JEC) su falta de competencia en la cuestión que le ha sido remitida desde el órgano electoral sobre la posible celebración de un debate electoral en la prisión de Soto de Real (Madrid) que solicita el candidato al Congreso por JxCat Jordi Sánchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC)
"No compete al órgano jurisdiccional velar por los principios que determinan la regulación de la actividad electoral" y tampoco le incumbe la fijación de un determinado régimen penitenciario, ha señalado de acuerdo a la Constitución y a la Ley General Penitenciaria.
En la providencia dictada por los siete miembros de la Sala se explica brevemente que lo solicitado por el líder social sentado en banquillo no es un acto que afecte a una posible incomunicación judicial -que no se ha acordado por la Sala- ni supone una excarcelación del centro penitenciario.
Todo ello, añade el tribunal "sin perjuicio de la competencia atribuida a la Administración Electoral para velar por la vigencia de los principios que rigen el desarrollo del proceso electoral", añaden los magistrados en la providencia, que acuerdan comunicar a la JEC,
Sànchez se enfrenta a 17 años de cárcel por rebelión por el que está siendo juzgado en el Supremo.
El Supremo sí valora permitir la excarcelación de los presos del procés para que aquellos que se presentan candidatos puedan acudir a recoger el acta de diputado tras la celebración de las elecciones del 28-A.
Respecto a estas libertades, fuentes de la Sala han señalado que lo más probable es que la resolución se dé a conocer en los próximos días puesto que ya se ha dado traslado a Fiscalía para que informe al respecto, y tras conocer esta opinión se resolverá.
Las solicitudes de excarcelación se presentaron un día después de que el BOE publicara el 2 de abril la lista oficial de candidatos a los comicios, ya que a juicio de las defensas el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional comenzará a afectar a los derechos de participación política desde el próximo día 12, fecha de arranque de una campaña en la que no podrían participar.
