Política

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará a Torra por los lazos amarillos

  • El presidente catalán desobedeció a la JEC y no los retiró de los edificios

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido este martes la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia al no cumplir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las esteladas de edificios públicos durante el período electoral.

En un auto, la Sala de lo Civil y Penal del tribunal declara su competencia para investigar al presidente. Cabe recordar que Torra está aforado tanto en calidad de miembro del Govern como de diputado del Parlament. En el mismo escrito, el TSJC designa como instructor del procedimiento al magistrado Carlos Ramos.

El propio Torra se ha hecho eco de la notificación de la Justicia a través de su cuenta personal de Twitter: "Acabo de firmar la notificación de la querella por desobediencia. Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias".

El tribunal recuerda que, en su querella, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusó a Torra de un presunto "delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la 'autoridad superior', cometido por una autoridad o funcionario público", informa EP.

Y que señaló que el presidente incumplió "consciente, abierta y reiteradamente lo decidido por la JEC" en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat.

La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el "flagrante incumplimiento" de las órdenes, decidió ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.

El delito de desobediencia está contemplado por el Código Penal y no conlleva penas de prisión. Por tanto, Torra podría ser condenado al pago de una multa que podría oscilar entre los 300 y los 3.000 euros. Sin embargo, sí le podría acarrear la inhabilitación para el cargo "por tiempo de seis meses a dos años".

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