El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, asumió la noche del miércoles la retirada de los lazos amarillos que invaden los edificios de la administración catalana. Horas antes, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña), Rafael Ribó, recomendó a Torra que quitase los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos durante el período electoral después de que el mandatario le remitiese a consulta la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarlos. Sin embargo, el president no ha cedido del todo: la Generalitat ha amanecido con la pancarta del lazo en la fachada mientras busca otra forma de recordar a los presos.
El presidente aseguró que "no dará ninguna órden como le exigió la JEC", pero que seguirá las recomendaciones del Síndic , "manteniendo un respeto pleno a la libertad de expresión". El presidente catalán busca ahora un símbolo alternativo para seguir reivindicando la libertad de los presos del procés.
Ribó había instado a Torra en rueda de prensa a acatar el acuerdo de la JEC con el fin de "preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica". También ha aclarado que el pasado viernes ya envió al presidente catalán una resolución en la que le llamaba a obedecer al órgano, pero Torra quiso más explicaciones.
Tras desoír por dos veces a la Junta, Torra intentó ganar tiempo y sortear el ultimátum de 24 horas dado por el órgano y expirado este martes pidiendo consulta al órgano catalán.
Aparte de las advertencias recibidas, como el apercibimiento de posible delito, el presidente catalán ha recibido críticas en el Parlament por esta decisión, siendo acusado de "esconderse" detrás del Síndic. Ha sido la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, quien le ha hecho estas recriminaciones en el Parlament. Torra, por su parte, ha cargado contra la JEC reseñando el hecho de que formen parte de la misma "dos jueces del Tribunal Supremo", instancia donde se está enjuiciando el procés catalán.
La negativa del presidente catalán a retirar las esteladas y los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat podría haber acarreado su inhabilitación si se le considera responsable del delito de desobediencia.
En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
La Junta Electoral, en el escrito aprobado el lunes pasado para ordenar a Torra que retirara en 24 horas los símbolos independentistas de los edificios públicos catalanes, ya le avisaba "de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir" si persistía "en la desobediencia" a sus acuerdos.
Una vez constatado el incumplimiento de la orden por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que ayer comunicó a la JEC que los lazos y esteladas seguían exhibiéndose en las fachadas de los edificios de la Generalitat, la Junta tendrá que decidir cómo actúa.
Existe la posibilidad de que ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía, a la que le correspondería determinar si Torra ha podido cometer algún delito tipificado en el Código Penal.
