Con el ultimátum consumido y los lazos aún presentes en la mayoría de edificios públicos de la Generalitat, la Junta Electoral Central (JEC) tiene la pelota sobre su tejado: podrá sancionar al president Quim Torra, que mantiene sus posiciones, por no obedecer la orden o podrá presentar el caso ante la Fiscalía, para que sea el Ministerio Público el que resuelva. Sea cual sea su decisión, no se conocerá hasta el jueves. El Gobierno, por su parte, queda "a lo que diga" la JEC, según ha recordado este miércoles la ministra y portavoz Isabel Celaá.
La titular de Educación ha advertido a Torra de que si no retira los lazos amarillos rebasaría la "raya de la desobediencia", escenario que hasta ahora, según ha señalado, no se había dado.
En una entrevista en RNE Celaá ha atribuido el desafío lanzado por el líder catalán a que está en "permanente búsqueda de conflicto". Así, entiende que mantiene los símbolos independentistas pese a la orden de la JEC para "hacer campaña", algo que ha calificado de "muy penoso".
Torra ha dado un paso más allá según Celaá. "Hasta ahora ha mantenido una retórica muy molesta, a veces inaceptable, pero no ha pasado la raya de la desobediencia, con esto lo haría", ha dicho en esa entrevista.
Celaá, no obstante, ha aclarado que es la JEC el órgano jurisdiccional al que le corresponde decidir. "El Ejecutivo está a lo que diga la JEC, es competente y será la que decida si hay sanción o lo lleva a Fiscalía".
Por su parte, desde el Govern se esperaba la valoración del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), que ha recomendado a Torra la retirada de los lazos. Anoche, Elsa Artadi decía que acatarían la decisión que emitiera, sin embargo esta mañana incluía el matiz de que esa valoración no obligaba a Torra, que es quien tiene "la última palabra".
