La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha informado este martes que el presidente Quim Torra mantendrá el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat, tras la petición que la Junta Electoral Central (JEC) le formuló este lunes por segunda vez.
Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, recogida por Europa Press, después de que la JEC insistiera este lunes, en una nueva resolución, que la Generalitat debe retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en un plazo de 24 horas, que ha expirado en la tarde de este martes.
Artadi ha añadido que el gabinete jurídico de la Generalitat está preparando otro escrito para la JEC para apelar contra su decisión, y Torra ha pedido al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, un informe sobre qué debe hacer el Govern en este asunto. Según informan varios medios catalanes, Torra ha dejado en manos de sus consellers que retiren estos símbolos de los edificios públicos que pertenezcan a sus respectivos departamentos.
En respuesta al Govern, la JEC ha rechazado la petición de suspender el plazo de 24 horas ante la "imposibilidad" alegada por Torra ante la gran cantidad de estos símbolos existentes en edificios públicos. Sin embargo, para la JEC el escrito es insuficiente y en su respuesta apenas una hora después, ha hecho constar "ni se identifican tales edificios ni se ofrecen las razones jurídicas que sean demostrativas de la imposibilidad del señor presidente de la Generalitat de ejercer sobre aquello que le fue ordenado".
La JEC apercibió a Torra en el ultimátum de este lunes de que podía incurrir en responsabilidades penales si seguía empeñándose en mantener estos símbolos en detrimento de la "neutralidad" exigida en el proceso electoral. Con esta nueva negativa de Torra -que ya mandó alegaciones a la JEC tras el primero aviso-, el presidente catalán y otros altos cargos del Govern siguen expuestos a la apertura de un expediente por parte de la JEC que puede derivar en multas de 300 a 3.000 euros.
Hay un precedente por un hecho similar, el caso de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.
Papel de la Delegación del Gobierno
Desde Moncloa informan de que la Delegación del Gobierno en Cataluña ya ha enviado la información sobre edificios representativos de la Generalitat y presencia de lazos amarillos en los mismos, así como otros elementos, requerida JEC.
Según el escrito remitido a este organismo, la Delegación indica que en cumplimiento del requerimiento efectuado por la JEC se remite la información recabada respecto a los siguientes edificios de la Generalitat de Cataluña: 1) Palacio de la Generalitat, 2) Conselleria de Governació y Relaciones Institucionales, 3) Conselleria de Cultura, 4) Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, 5) Conselleria de Empresa y Ocupación, 6) Conselleria de Interior, 7) Conselleria de Economía y Conocimiento, 8) Conselleria de Agricultura, Ramaderia y Pesca y 9) Conselleria de Salud.
En todos estos edificios, conforme a fotografías enviadas a la Junta Electoral Central a requerimiento suyo, continuaban exhibiéndose hoy a las 15:00 los citados lazos amarillos.
Fuentes del gabinete recuerdan que la competencia para dar los siguientes pasos recae, en todo caso, sobre la JEC, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase a las fuerzas de orden público el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos. En este supuesto, dicha tarea correspondería a los Mossos D'Esquadra, en calidad de policía integral desplegada en Cataluña.
