La Junta de Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno Bonilla, con el sostén de Ciudadanos, procedía la semana pasada al nombramiento de altos cargos en diversas consejerías. Entre los nombramientos destacan los del director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz o, el del presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, que corresponden, y en este orden, a Rafael Merino, Teófila Martínez y Jesús Caicedo.
La sincronía de estas tres personas, es que las tres vienen del Partido Popular, y los tres han sido diputados nacionales. De hecho, los dos primeros, Rafael Merino y Teófila Martínez, asistieron a la penúltima sesión de control del Gobierno, el pasado miércoles. En el caso de Caicedo, éste fue diputado y senador en la IX y X legislatura.
Entre listas y Santamaría
El momento de estos nombramiento coincide en el tiempo con la elaboración de las listas al Congreso de los Diputados para las elecciones del 28-A, que a partir del 5 de marzo tendrán que materializarse, una vez que se disuelvan las Cortes. En esta ocasión, se da la circunstancia de que, tanto Merino como Martínez se significaron de manera notable por su apoyo en las primarias del PP a Soraya Sáenz de Santamaría.
En aquellos días, Merino explicaba que su ayuda a la que fuera vicepresidenta del Gobierno se justificaba "por su juventud, su experiencia, honradez y eficacia". De ella dijo que "defiende nuestros valores, abre el partido, integra y trabaja en equipo", añadía entonces el también exalcalde de Córdoba.
Teófila Martínez, histórica alcaldesa de Cádiz, concejal del Grupo Municipal del PP de la ciudad gaditana y vicepresidenta segunda de la Comisión parlamentaria para la evaluación y modernización del Estado Autonómico, también participó en un campaña de imagen, con mensaje feminista, en el que se secundaba la candidatura de una mujer a la presidencia del Partido Popular, con el eslogan @ahorauna mujer, ahora Soraya. En aquel documento, la exedil de La Tacita de Plata afirmó que, en aquellos momentos, "más que nunca, necesitamos a una mujer luchadora y comprometida como presidente".
La semana pasada, otra significada sorayista, la diputada por Málaga y exalcadesa de esta ciudad, Celia Villalobos, informaba de que no irá en las listas a las elecciones generales del 28-A. Su marcha se producía tras el fracaso del acuerdo del Pacto de Toledo, comisión que ella presidía, si bien, en el mes de agosto, el Grupo Popular ya le había reemplazado en su silla en la Diputación Permanente.
Además del repliegue de estos diputados a la administración andaluza, salvo el de Villalobos, en esta primera tanda de nombramientos -donde Ciudadanos también asignó a altos cargos- Moreno Bonilla ha tenido en cuenta a otras personas de su partido, entre ellos exconcejales, exdiputados regionales o exdirectores generales, situándolos en puestos relevantes, como el diputado autonómico, Amós García Hueso (director general de Relaciones con los Andaluces en el extranjero), Gerardo Landaluce Calleja, concejal electo por el municipio gaditano de Los Barrios entre los años 1995 y 1999 (presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras), Pilar Miranda Plata, edil del Consistorio de Huelva y hoy, presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva; Carlos Rubio Basabe, director general del Área de Seguridad y coordinador general de los distritos en el Ayuntamiento de Málaga (presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga) y José García Fuentes, concejal del Ayuntamiento de Motril y portavoz de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, y desde esta semana nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Motril.
Los nuevas autoridades portuarias sustituirán a María Carmen Ortiz, José Luis Blanco Moreno, Paulino Plata, Francisco Álvarez de la Chica y Manuel Gracia, todos vinculados por militancia y responsabilidades al PSOE, habiendo desempeñado cargos en las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, Educación y la presidencia del Parlamento andaluz.
8.000 plazas para interinos
La semana pasada, el nuevo Gobierno andaluz enviaba a los sindicatos su propuesta de acuerdo que contempla una oferta de empleo público extraordinaria de 2019, con el fin de acabar con el alto volumen de interinos que arroja esta administración, siguiendo el acuerdo firmado a nivel nacional en 2017 para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo. Detrás de las condiciones de esta oferta está aquella llamada de atención de la UE, con una sentencia que censuró el abuso que la administración española, en líneas generales, hizo de la figura de los interinos.
Las críticas del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) -el sindicato que se ha quedado al margen de la negociación-, se centran en que en ese proceso se premiará hasta un 40% los méritos de experiencia en el concurso, "lo que deja en inferioridad de condiciones a quienes quieran concurrir a estas plazas", reprueban.
