El pleno del Parlament ha rechazado este jueves una moción de la CUP que llamaba a "detener todo diálogo político con el Estado español que no tenga como condición previa el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, el fin de la represión, la liberación de los presos y el libre retorno de exiliados".
Los 'cupaires' se han quedado solos defendiendo este punto de la moción y el que reclamaba "avanzar unilateralmente en el ejercicio de la autodeterminación", sin aceptar las limitaciones del marco jurídico español.
Sí que han prosperado los apartados que reclaman elaborar "una cartografía de la represión que se ha vivido en Cataluña" desde el 1 de octubre de 2017 -fecha del referéndum-; que la Generalitat se persone como acusación particular en las causas de presunta vulneración de derechos civiles y políticos, y en la expulsión del espacio público de expresiones fascistas, nazis, machistas, racistas y homófobas.
El diputado de la CUP Carles Riera, que ha defendido la moción, ha reconocido que "ha suscitado muy poco consenso", incluso entre los grupos independentistas, y ha reprochado a JxCat y ERC que respalden las movilizaciones contra el juicio al 1-O junto a la ANC y Òmnium.
La CUP: "Nos parece una contradicción que con una mano apoyen estas iniciativas y con otra no quieran instar al Govern a llevar a cabo estas acciones"
"Nos parece una contradicción que con una mano apoyen estas iniciativas y con otra no quieran instar al Govern a llevar a cabo estas acciones", les ha recriminado. Asimismo, ha situado la desobediencia y la unilateralidad como "lo único que puede crear la condición para un diálogo bilateral efectivo" con el Estado.
Para los 'cupaires', avanzar unilateralmente en la autodeterminación es la vía para incorporar y garantizar derechos sociales para todo el mundo, sin aceptar las "limitaciones que puedan imponer" las instituciones del Estado.
Por eso incorporaban en la moción que se garantice el derecho a la vivienda "expropiando las viviendas vacías en manos de grandes tenedores" a favor de un parque de vivienda social, pero sus votos y los de los comuns han sido insuficientes frente al 'no' de Cs, PSC-Units y PP, y la abstención de JxCat y ERC.
También planteaban aplicar un salario mínimo de 1.200 euros en todas aquellas contrataciones que dependan de la Generalitat; garantizar la plena igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, y recuperar la soberanía pública de las infraestructuras públicas y los recursos estratégicos, así como los servicios públicos básicos.
