Política

Jueces y fiscales exigen más independencia tras el "bochornoso" pacto político para el CGPJ

  • Juicios del 'caso Emarsa' o el del 'Rey del Cachopo' se han visto aplazados

Jueces y fiscales de toda España han exigido este lunes al Ministerio de Justicia más medios materiales y humanos, así como una mejora salarial. También han hecho hincapié en reforzar la independencia judicial, después del "bochornoso" pacto político para "controlar" el Poder Judicial.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro laboral tras reunirse varias veces con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y no recibir ninguna "oferta concreta" en relación a sus demandas. Unas reclamaciones que la titular de Justicia conoce de primera mano, pues son las mismas que se expresaron el pasado 22 de mayo contra el Ministerio dirigido por el 'popular' Rafael Catalá.

Hasta el momento las asociaciones tienen datos provisionales del seguimiento de la huelga, ya que el sistema de recuento se ha colapsado. Según han informado, cerca de las 14:00 horas, 2.354 jueces y 952 fiscales han comunicado su participación. Cifras que son similares a las registradas hace seis meses en la misma franja horaria, por lo que entienden que al final del día los datos serán los mismos: casi 3.000 jueces y más de 1.200 fiscales.

Según han informado fuentes jurídicas, de los 87 jueces que trabajan en la Audiencia Nacional solo seis han secundado la huelga: el magistrado de la Sala de Apelaciones Eloy Velasco y otros cinco de la Sala Contencioso-Administrativo. En cuanto al Tribunal Supremo, de 77 magistrados, seis han comunicado su participación en el paro laboral: Pedro José Vela y Rafael Salazar, de la Sala de lo Civil; Francisco Monterde, de lo Penal; y Sebastián Moralo, María Lourdes Arastey y José Manuel López García de la Serrana, de la Sala de lo Social.

Aún así una treintena de magistrados han mostrado su apoyo a esta huelga en un manifiesto, al igual que lo han hecho los presidente de los Tribunales Superiores de Justicia que han recordado que no pueden sumarse a la movilización porque su "posición institucional" como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma se lo impide.

Por todo ello, las asociaciones esperan que Delgado haga "exigible" a sus compañeros en el Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todo lo que entonces reclamó, ha subrayado la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Se trata de más independencia judicial, una dotación mayor de medios materiales y humanos para hacer frente a unas cargas de trabajo "saludables", la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que establece el límite de tiempo para la instrucción de causas penales). También unas retribuciones "dignas" y recuperar y actualizar los permisos y licencias.

Delgado, en Estrasburgo

Si bien la agenda de Delgado de hoy no se ha centrado en esta huelga, pues se encuentra en Estrasburgo (Francia) participando en el Foro Mundial para la Democracia de 2018, donde ha coincidido con la cantante Luz Casal y se ha reunido con la comisionada de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, y con el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, según ha informado el propio Ministerio en su cuenta oficial de Twitter.

Además de esta jornada de paro, para hacer más visible esta segunda movilización conjunta por todas las asociaciones -y la tercera que hacen jueces y fiscales en España-, se han concentrado en las puertas de las principales sedes de cada ciudad para leer un manifiesto. En el caso de Madrid, los juzgados elegidos han sido los de Plaza de Castilla, donde la decana María José del Barco, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se ha encargado de dar voz a las reclamaciones.

"Hoy más que nunca" ambas carreras han tenido que "salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes", afirma el manifiesto. Sobre todo en un momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo elegido por los partidos políticas, lo cual "va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicial".

Además, con este sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces continúa "el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho", añade el manifiesto.

Marchena y Whatsapp de Cosidó

En este sentido, las asociaciones hacen hincapié en que la muestra de ello ha sido el reciente acuerdo entre el PP y PSOE para que el magistrado de Tribunal Supremo Manuel Marchena sea el próximo presidente del CGPJ y del alto tribunal, pues no se ha tenido "el más mínimo respeto por el Poder Judicial ni por el Poder Legislativo, que aprueba unas leyes que todos debemos cumplir).

A esto hay que sumar la noticia conocida este lunes del Whatsapp enviado por el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a los senadores de su partido sobre la posibilidad de "controlar desde atrás" la sala segunda del Supremo -la que juzgará a los líderes independentistas- gracias al pacto alcanzado con los socialistas.

"La noticia ha caído como una bomba", ha asegurado el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, que ha destacado que este hecho es un ejemplo "demoledor" para la "apariencia de imparcialidad"

Hay que "evitar que se dañe la imagen de la independencia de los jueces", ha señalado Del Barco, que ha insistido en una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones judiciales, que sean los miembros de la carrera judicial los que elijan a los 12 vocales del órgano de gobierno de los jueces de extracción judicial. "En definitiva es una imagen que daña a nuestro sistema democrático y a los derechos de los ciudadanos", ha añadido.

En la misma línea se ha manifestado la presidenta de la Asociación Foro Independiente Judicial (FJI), Concepción Rodríguez, que ha asegurado que las asociaciones van a continuar "luchando hasta el final". También el fiscal Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha destacado el "abandono general que tiene la Administración de Justicia por parte del Estado y que nuestras carreras profesionales estamos experimentados desde hace ya muchos años".

"La carrera judicial y fiscal cada vez está más enfadada" y ha "perdido ese miedo a reivindicar nuestros derechos y los derechos de los ciudadanos", ha concluido la representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Los representantes de las asociaciones han advertido que antes de decidir cuáles son los "siguientes pasos" hay que esperar a ver la reacción del Ministerio de Justicia, pues son conscientes de los perjuicios que la huelga puede ocasionar a los ciudadanos.

Juicios suspendidos

Se da la circunstancia de que el paro de jueces y fiscales ha coincidido con la huelga de los funcionarios de prisiones y varios juicios se han visto suspendidos ya que los acusados no han sido trasladados desde los centros penitenciarios, como uno relacionado con drogas y otro con el 'caso Emarsa'.

También se ha tenido que aplazar a mañana la declaración del conocido como 'Rey del cachopo', que tenía que ser interrogado este lunes por la juez de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freide, por el presunto asesinato de su novia.

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