Al margen de los tempos del juicio por el procés, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está cediendo desde septiembre dinero y competencias a la Generalitat de Cataluña sin obtener de momento nada a cambio. Su objetivo de contentar a las formaciones soberanistas para comprar su apoyo en las Cortes topa una y otra vez con el muro de los presos por su implicación en el procés, pero entre tanto, el Govern consigue incrementar su margen de ingresos y autogobierno, sin rebajar su discurso de aspiraciones de secesión. Así lo ha demostrado Joaquim Torra, por ejemplo, con su ultimátum a la Moncloa reclamando un referéndum de autodeterminación legal, vinculante y reconocido internacionalmente y negándose a apoyar los Presupuestos, como remarcó el pasado viernes, a pesar de que la Abogacía del Estado había retirado la petición de delito de rebelión contra los presos del procés.
Este no del rupturismo, según explicó Pablo Iglesias en una entrevista a La Vanguardia este fin de semana, se traducíría en la posibilidad de que Pedro Sánchez se vea abocado a convocar elecciones. Los socialistas, sin embargo, parece que prefieren aguantar. Y en esta estrategia de ganar tiempo, el independentismo catalán sigue apuntándose tantos. El el ámbito dinerario, el primer gesto de acercamiento de Sánchez se plasmó en preacuerdos de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Consistió en la conversión de corto a largo plazo de 2.773 millones de deuda de la Generalitat, así como pagos de 1.459 millones de euros entre 2019 y 2022 vinculados a inversiones en infraestructuras y a la financiación de los Mossos d'Esquadra, y que el Ejecutivo catalán reclamaba desde los tiempos del Gobierno central de Mariano Rajoy.
Con estos pagos, que requieren la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para empezar a materializarse, Sánchez confiaba en facilitar el apoyo a las cuentas por parte de los partidos independentistas catalanes, de los que depende para que salgan adelante -lo que puede provocar que finalmente se adhieran especialmente si quieren retrasar las elecciones generales-. Además, la Generalitat reclama una factura al Estado mucho mayor de la que ha ofrecido el Ejecutivo central: cifra en 7.600 millones las deudas y compromisos pendientes.
Con todo, el Gobierno socialista, en su intento de sostener la legislatura, ha abierto otra vía de seducción: las competencias autonómicas. En este punto, ha recogido el guante lanzado por Torra sobre su intención de reimpulsar las 16 leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC) tras ser recurridas por el Gobierno del PP. En dicha materia, Sánchez ha abierto la senda del desestimiento total o parcial de algunos de estos recursos. El primero en ser retirado fue el de la Ley de Asistencia Sanitaria Universal, con el argumento de que la norma autonómica se adecua al marco legal estatal después de que el Congreso aprobase un real decreto en la misma línea: el acceso al sistema nacional de salud de cualquier persona, aunque no tenga la nacionalidad.
El siguiente desestimiento, en este caso parcial, llegó el viernes respecto a la ley catalana del derecho a la vivienda, y tendrá importantes implicaciones para la banca y fondos de inversión inmobiliaria. Podrán ver expropiados temporalmente pisos que tengan vacíos -se los considera así si llevan dos años o más desocupados-, para que la Generalitat los destine a alquiler social.
Cesiones unilaterales
Además, el actual Gobierno español también se está planteando retirar los recursos del Ejecutivo del PP ante el TC contra la ley catalana de cambio climático y contra la de la agencia de protección social. Todo ello mientras también están en manos del Constitucional nueve conflictos planteados contra el Estado por Cataluña, que es la comunidad que más recursos y conflictos mantiene en el alto tribunal contra la normativa estatal, según Europa Press. Nada ha trascendido sobre la posibilidad de que Torra vaya a retirar alguno de estos casos.
En el caso de la ley catalana de cambio climático, Sánchez sopesa un desestimiento parcial del recurso. La norma, actualmente vigente en su práctica totalidad a la espera de sentencia del TC, incluye cuestiones como el cierre de las centrales nucleares catalanas en 2027 a más tardar -coincidiendo con el fin de sus 40 años de vida útil-; la creación del impuesto a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de motor -que ha provocado el desplome de matriculaciones en Cataluña por parte de empresas de alquiler de coches-, y la prohibición de explorar el subsuelo en busca de hidrocarburos con la técnica del fracking (fracturación de la roca mediante la inyección de agua a presión) -este es el único punto que sigue suspendido-.
Por lo que respecta a la ley catalana de creación de la Agencia de Protección Social de Catalunya, el gobierno de Rajoy la recurrió por ser uno de los pilares del Govern de Carles Puigdemont para crear lo que denominaban estructuras de Estado. En este caso, la nueva agencia debía servir para sentar las bases al equivalente a la Seguridad Social estatal cuando Cataluña declarase la independencia.
