El Juzgado de Instrucción 3 de Cornellà de Lobregat (Barcelona) ha citado a declarar como investigados para el próximo mes de diciembre a siete miembros de la cúpula de los Mossos d'Esquadra por un delito de desobediencia, por su supuesta pasividad al impedir el referéndum del 1-O.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellà acuerda esas imputaciones, después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazara asumir la causa por desobediencia que el magistrado le remitió, para que la uniera a la investigación sobre el 'major' Josep Lluís Trapero.
El juzgado ha citado como investigados el 13 de diciembre a los comisarios de los Mossos d'Esquadra Ferran López, Joan Carles Molinero y Emili Quevedo. Igualmente, están citados como investigados para el día 12 de diciembre a la jefa de asesoramiento jurídico de la dirección general de los Mossos, María Paz Martí, al comisario Francisco Javier Gámez, y a los intendentes Antoni Verger y Amadeu Domingo.
Ferran López era en ese momento el 'número dos' de Trapero. Con la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el 'major' de los Mossos fue sustituido y su cargo lo ocupó el propio Ferran López hasta que el nuevo Govern de Quim Torra designó otro sucesor.
"Hay indicios fundados de criminalidad por cuanto el dispositivo policial pareciera haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales"
El juez abrió estas diligencias el 4 de octubre de 2017 "ante la posible comisión de delitos de desobediencia y otros" por la actuación de los Mossos durante la jornada de votación.
El magistrado hizo requerimientos de información al cuerpo y en las primeras diligencias encontró "indicios fundados de criminalidad por cuanto el dispositivo policial pareciera haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas" contra el referéndum.
En el auto, indica que los responsables de las pautas de actuación el 1-O fueron los siete investigados, además del mayor Josep Lluís Trapero, -según manifestó López en respuesta a un requerimiento del juez- y que la actuación de la jefatura de los Mossos fue "de naturaleza conjunta y colegiada, y no meramente jerárquica con un único decisor en la figura del major que ejerciera su poder unilateral" .
El juez también recuerda que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo confirmaron su competencia para investigar el caso, y que aceptó a Vox como acusación popular al admitir a trámite en junio una querella que el partido presentó por presuntos delitos de sedición, rebelión, desobediencia y denegación de auxilio.
