Política

La fiscal general advierte de que no permitirá presiones a sus subordinados para atenuar las penas de los acusados por el procés

  • Declaraciones hechas durante el acto de Apertura del Año Judicial
  • El presidente del Supremo llama a actuar si se "golpea" la Constitución
La fiscal general del Estado, María José Segarra, este lunes. Foto: EFE

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este lunes, durante el acto de Apertura del Año Judicial, que será "especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar personal o profesionalmente" a sus subordinados de Cataluña que están haciendo frente a la "grave situación" existente en esta comunidad, en referencia al proceso independentista.

Segarra ha hecho esta afirmación en un acto presidido por el Rey en el Tribunal Supremo y con la asistencia del presidente esta institución y del CGPJ, Carlos Lemes; de la ministra de Justicia, Dolores Delgado; así como de los máximos representantes de la judicatura, la Fiscalía y diputados de distintos partidos políticos.

Al referirse a la situación en Cataluña, la fiscal general ha señalado que quería lanzar un "mensaje de respeto" a todos los profesionales de la Justicia, y los fiscales "en particular", que "de una u otra forma ejercen la difícil labor de ofrecer una adecuada respuesta ante la grave situación generada en Cataluña", en referencia al proceso independentista.

A este respecto, Segarra ha afirmado que será "especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones" en Cataluña, en referencia a sus subordinados en esta comunidad. Ha añadido que a estos fiscales debía transmitirles su "apoyo absolutamente inequívoco".

La responsable del Ministerio Público ha hecho estas consideraciones tras referirse a que "durante el año 20017 asistimos en Cataluña a un desbordamiento constitucional y estatutario", ya que se impidió el "cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales", en referencia a los autos y sentencias contra el referéndum del 1-O y otras decisiones de la Generalitat vinculadas al proceso secesionista.

Frente a esta situación, Segarra ha apuntado que se produjo un "inequívoco compromiso" de la Fiscalía y el Estado de derecho en defensa de la legalidad, porque la ley es la expresión del "consenso mínimo" de una sociedad democrática.

Por este motivo, la fiscal general ha subrayado que "las legítimas aspiraciones de una parte de la sociedad -que en estos días se reivindican especialmente (en alusión a los independentistas y a la Diada)- deben ser encauzada a través del ordenamiento jurídico".

También ha destacado que "no puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia". Al mismo tiempo ha concluido, también respecto a la cuestión de Cataluña, que "España tiene un sistema judicial fuerte, sólido al servicio del Estado de derecho y un Ministerio Fiscal que actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad".

El discurso de Lesmes

A su vez, Lesmes ha afirmado este lunes que la desobediencia a la Constitución es la "máxima expresión de la arbitrariedad" y ha advertido que los movimientos "populistas" y los "planteamientos identitarios excluyentes" suponen un riesgo para el Estado constitucional.

Así lo ha dicho durante su discurso, en el que ha asegurado que cuando la Constitución resulta "golpeada" no puede renunciarse a defenderla. "La desobediencia a la Constitución es la máxima expresión de arbitrariedad", ha concluido.

En este sentido, ha señalado que la Carta Magna es la "expresión democrática del poder político" y "permeable" a las transformaciones políticas y sociales. No obstante, ha explicado que no puede ser entendida como "políticamente neutra, pues preserva la convivencia democrática a través de un determinado modelo, querido y definido por el pueblo español, como poder constituyente".

Así, ha incidido en que la democracia no puede existir "sin reglas, sin derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad" y, por tanto, a su juicio, "los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes" suponen un riesgo para el Estado Constitucional.

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