Los protocolos políticos dictan que a los dirigentes recién estrenados se les permiten 100 días de gracia para adaptarse a la novedad del cargo, aunque éste no es el caso de Pedro Sánchez, investido como presidente hace más de tres meses con las urgencias que genera llegar al Ejecutivo a mitad de legislatura. Un periodo de promesas y compromisos de los socialistas que se han traducido en muy escasas realidades.
No hay que olvidar que cuando la moción de censura derrocó a Mariano Rajoy de la Presidencia, el equipo de Pedro Sánchez tomó el sobrenombre de Gobierno del Cambio, entre cuyos planes se encontraba derogar varias medidas puestas en marcha por el Partido Popular durante la crisis económica, como la reforma laboral o la ley mordaza, y aumentar el gasto social en una España que presume del crecimiento de su PIB desde hace años. Sin embargo, muy poco de todo esto ha cristalizado en hechos tangibles, con una Sanidad Universal varada en el Congreso y una serie de mejoras para la Educación sin tramitar.
Además, la casualidad ha querido que el rumbo económico de España haya cambiado con la llegada de Sánchez. Hace semanas que el país presenta unos signos de desaceleración de los que ya advirtió en marzo el Banco de España. El Ministerio de Economía reconoce que son varios los indicadores que se han reducido desde la investidura del 2 de junio. Por ejemplo, las ventas minoristas han disminuido, igual que el indicador de sentimiento económico. También las ventas en grandes empresas y el índice de producción industrial han perdido impulso, al tiempo que se ha ampliado el déficit comercial. Más representativo es si cabe el triste récord alcanzado el pasado el pasado 31 de agosto, que será recordado por ser el día en el que más empleos se destruyeron en la historia de España: 304.642.
Sin embargo, es la escasa fuerza parlamentaria que tiene el Grupo Socialista en la Cámara Baja la principal amenaza que ha afrontado y afronta el Gobierno de Sánchez. Solo cuenta con 84 diputados, y para lograr que prosperen sus iniciativas, sobre todo las fiscales, necesita obtener los mismos apoyos que respaldaron la moción de censura a Rajoy, y hasta ahora esto ha ocurrido solo en escasas ocasiones.
De hecho, excepto el PNV, todos los socios de Sánchez le dieron plantón en la más importante propuesta que el Ejecutivo ha llevado al Congreso en estos 100 días: una senda de estabilidad y un techo de gasto que incluían una flexibilización del déficit fundamental para aumentar el gasto social. Precisamente, Noelia Vera, de Unidos Podemos, reconoce que la postura del Gobierno, que por entonces no se planteó negociar con los grupos parlamentarios, "supuso una decepción, igual que la que seguimos sintiendo con sus políticas de migración, manteniendo las devoluciones exprés. Ha incumplido muchas de sus promesas". Sin embargo, espera que la negociación entre el Ejecutivo y Podemos -que ya se ha concretado en la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para arrebatar al Senado la capacidad de veto a la senda fiscal- mejore la situación, aunque este diálogo se tiene que extender a otros grupos. "Es un Gobierno débil y por ello es necesario que negocie con todas las fuerzas parlamentarias", opina.
Entre ellas está el PDeCat. Jordi Xuclá, coordinador de diputados y senadores de la fuerza soberanista, considera que Sánchez "tuvo un arranque con algunos fallos de coordinación imputables a la súbita llegada al poder". Sin embargo, también considera que "tiene un tesoro único que debe administrar: unos Presupuestos aprobados y pocos meses para gastarlos". Eso sí: estas inversiones deben ir a reforzar "una recuperación económica sostenida y duradera. La forma en que se están recalentando el sector de la construcción y el consumo elevado de las familias nos debería preocupar ante un ciclo recesivo que siempre se debe contemplar".
En cambio, fuentes de Ciudadanos indican que "el Gobierno de Sánchez ha nacido con un pecado original: no ha pasado por las urnas y está sustentado por populistas e independentistas. Estamos en los minutos de descuento de la legislatura, y lo sabe. Está atrincherado en La Moncloa y sabe que este camino no va a ninguna parte".
Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, emplea palabras todavía más gruesas: "Somos rehenes de un Gobierno perjudicial que ha alcanzado el poder retorciendo un Parlamento en brazos de comunistas populistas, independentistas y herederos de ETA. Cien días más tarde podemos decir que España está más dividida".
Sin embargo, a Sánchez todavía le queda un reto que marcará la estabilidad de su mandato: presentar y aprobar sus propios Presupuestos antes de que termine el año. Todo un desafío, casi un milagro, cuyo fracaso puede conducir a España a unas elecciones anticipadas.
Un nuevo enfoque para Cataluña
Uno de los primeros problemas que se encontró Pedro Sánchez como presidente de España fue la crisis de Cataluña, presidida por un Quim Torra que no cesa en sus ambiciones secesionistas. Para ello, ha utilizado la estrategia de templar los ánimos y cambiar el lenguaje. Con este fin se reunió con el propio Torra en La Moncloa, en Madrid, y se recuperó la actividad de la Comisión Bilateral entre la Administración Central y la Generalitat.
Sin embargo, a solo un mes del aniversario del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, Cataluña no solamente mantiene sus reclamaciones secesionistas sino que además se niega a asistir a las reuniones conjuntas de las comunidades autónomas con la Administración Central, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El último paso de Sánchez en esta situación ha sido plantear un referéndum para el "autogobierno, no para la autodeterminación" en Cataluña. "Queremos dialogar y resolver una crisis política. El hecho final tiene que ser una votación", aseguró el pasado lunes.
Gasto social y Memoria Histórica
Si algo llevó bajo el brazo Pedro Sánchez cuando llegó a La Moncloa fueron sus compromisos de incrementar el gasto social. Concretamente, quería derogar varios reales decretos que aprobó el Partido Popular durante la crisis para reducir la inversión, particularmente, en Educación y Sanidad. Sin embargo, todavía no hay medidas tangibles en marcha, ni siquiera una Sanidad Universal cuya recuperación se ha retrasado por trámites parlamentarios.
Situación parecida ocurre en Memoria Histórica. El Gobierno ya ha aprobado el decreto ley para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero esta acción todavía se tiene que ejecutar pendiente de ser refrendada por el Congreso.
Una estrategia fiscal cambiante
La estrategia fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido cambiante y ha dado tumbos durante estos últimos 100 días.
En un principio, la política impositiva del Ejecutivo iba a estar encabezada por una subida del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades, la creación de un tributo a la banca y el impulso de la tasa Google, dirigida a gravar la publicidad online y la venta de datos generados con información proporcionada por usuarios. El IRPF era intocable y estas novedades se iban a aprobar a lo largo de este año.
Sin embargo, las negociaciones con Podemos han variado el escenario. Para empezar, ya hay un principio de acuerdo para elevar el IRPF a las rentas por encima de los 140.000 euros y el Gobierno se muestra abierto a tocar otras figuras fiscales. Además, el Ejecutivo parece haber aparcado el impuesto a la banca a cambio de uno a las transacciones financieras. Además, ha acordado con la formación reducir el IVA de productos de primera necesidad y recortar los impuestos que pagan los autónomos.
