La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ya ha autorizado el gasto para la contratación en Bélgica de un despacho de abogados que represente los intereses del Estado frente a la demanda civil del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
La contratación debe agilizarse para poder preparar el caso de cara a la vista fijada para el próximo martes ante un juzgado civil en Bruselas, a la que Llarena no tiene la obligación de acudir. Entre las opciones por definir está la de utilizar como contacto entre Madrid y el bufete belga a los abogados del Estado que tienen su despacho en Bruselas para asuntos comunitarios, informó Ep.
También está por definir si se produce una personación de España como tal o la actuación se limita a no reconocer la jurisdicción civil belga, aunque ello podría vetar que España pudiera recurrir en el futuro una eventual decisión del juez belga ante instancias superiores. Tampoco se ha decidido si los abogados belgas que se contraten acudirán a la vista del 4 de septiembre o si se limitarán a la presentación de un escrito.
Mientras en España el PP quiere reprobar a la Ministra de Justicia en el Senado por la gestión de esta demanda en Bélgica, la fiscal general del Estado, María José Segarra, no reclamará aún al Ministerio de Justicia los documentos relativos a la respuesta que el Gobierno está dando a la demanda contra Llarena, a pesar de la petición en dicho sentido de cinco vocales del Consejo Fiscal, que consideran que este organismo con funciones consultivas debe estar informado de todos los trámites del caso. Segarra llevará la petición al orden del día del Consejo Fiscal que se celebrará el 18 de septiembre para estudiar la "procedencia y admisión" de dicha petición, que sostiene que la demanda contra Llarena ha sido presentada por implicados directamente en los hechos instruidos en el Tribunal Supremo y han obtenido "indebido amparo jurídico" por parte de los tribunales belgas y alemanes, según Ep.
La petición agrega que la intención de esta demanda es "someter a inquisición de los órganos judiciales de un Estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su Estado democrático de Derecho" lo que a su juicio requiere del Gobierno todas las actuaciones adecuadas para su defensa ante la comunidad internacional, "tanto la jurídica como la representada por la opinión pública". Defienden que la demanda "supera notoriamente los límites de una demanda personal".
