A falta de dos semanas para que se cumplan cinco años del accidente ferroviario ocurrido en Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013, la comisión de investigación arranca hoy en el Congreso de los Diputados para buscar responsabilidades en la tragedia que se cobró 80 vidas y dejó a 144 personas heridas.
Apenas transcurridos cinco meses desde la tragedia, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 se concentró por primera vez, un 17 de diciembre en Madrid, tras una pancarta en demanda de una comisión de investigación, precisamente frente a las Cortes españolas.
Su principal objetivo durante todo este tiempo, en el que las víctimas protagonizaron multitud de actos reivindicativos, buscaron amparo en las instituciones comunitarias y juegan también un papel clave en la instrucción judicial, ha sido que se depuren eventuales responsabilidades y que se conozca "toda la verdad".
A finales de septiembre de 2017, su petición salió adelante, tras un cambio de postura del PSOE y únicamente con el voto en contra de PP, UPN y Foro Asturias.
Tras meses de bloqueo en los que los grupos no se ponían de acuerdo para designar quién se haría cargo de la presidencia de la comisión, el diputado de PDeCAT Feliu Guillaumes asumió el cargo el pasado abril.
Una polémica reciente es la referida al documental 'Frankenstein 04155', que populares y socialistas rechazaron proyectar en la comisión y que se aportará a los miembros de la comisión como documentación. Caso distinto ocurrió en el Parlamento Europeo, que sí emitió esta cinta, así como con la relativa al accidente de 'Spanair', que sí visionaron los integrantes del órgano que lo investiga en la Cámara Baja.
Tras una jornada con los testimonios de varias víctimas, el miércoles será un día clave. El maquinista que conducía el convoy aquel día, Francisco Garzón, tendrá su primera intervención pública desde aquel día mañana a las 16:00. Hasta ahora se ha mantenido en un estricto segundo plano y solo publicó una carta dirigida a las víctimas coincidiendo con el primer aniversario de los hechos.
Garzón, que circulaba con un exceso de velocidad al llegar a Angrois, tras atender una llamada del interventor, está investigado en la causa por imprudencia profesional grave. Lo que el juzgado trata de dilucidar es si, además de esa, existen otras responsabilidades, y es por ello que hay otras seis personas investigadas (dos altos cargos de Adif, uno de Renfe y tres técnicos de Ineco), en relación con un posible análisis de riesgos deficiente en la línea. El interventor, Antonio Martín, precisamente, será el que cierre la segunda jornada de comparecencias de la comisión de investigación del Alvia, a partir de las 17:30 horas.
Pese a que la plataforma de víctimas solicitó a los grupos ser los últimos en comparecer, la mesa acordó que fueran los primeros y dio la oportunidad de intervenir en último lugar a los responsables políticos con implicaciones en el siniestro, entre ellos los dos exministros de Fomento del PSOE y del PP José Blanco y Ana Pastor (esta última, en estos momentos, presidenta del Congreso).
Pedirán a Ábalos que España realice una investigación independiente del accidente
El arranque de las comparecencias en la comisión coincidirá con la petición que la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, hará al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para mantener una reunión para activar una investigación independiente del accidente. Fuentes de Fomento han informado de que el ministro recibirá a las asociaciones de víctimas de Angrois en el ministerio "en los próximos días", cuando está a punto de cumplirse cinco años del siniestro, ocurrido el 24 de julio de 2013.
Esta información trascendió tras el encuentro que Bulc mantuvo durante la última semana de junio con una delegación de víctimas, que acudieron a Bruselas de la mano del BNG.
Según fuentes de la Comisión, la comisaria Bulc les manifestó "su intención de volver a ponerse en contacto con las autoridades españolas en las próximas semanas para tratar el tema" del siniestro ferroviario.
La postura de la Unión Europea en este caso está siendo clave. En primer lugar, emitió un informe crítico con la investigación que realizó la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que se inscribe en Fomento y que únicamente determinó que la responsabilidad del descarrilamiento fue del maquinista.
Este revés para el Estado español se vio intensificado tras la participación de los afectados en la comisión de peticiones de la Eurocámara. Este órgano exigió igualmente una investigación independiente, petición que fue asumida en primera persona por la comisaria de Transportes. Así, Bulc trasladó esta solicitud en un acto que tuvo en Madrid con el ya exministro del PP Íñigo de la Serna, si bien admite que los Estados miembro son los únicos competentes para abordar este tipo de investigaciones.
Además, de manera paralela, y ya en el ámbito judicial, la Agencia Ferroviaria Europea remitió una contestación primero a las víctimas y un informe después al juez en el que dictamina que la curva de A Grandeira, el cambio de proyecto y la desconexión del sistema 'ERTMS' embarcado en el tren exigían una evaluación de riesgos independiente.
En la cita de Bulc con las víctimas el pasado 26 de junio, la comisaria recordó que la Comisión invitó a la CIAF a "reabrir la investigación y proceder con total independencia", según señalaron las mismas fuentes.
También subrayó que las instituciones europeas no pueden realizar investigaciones de accidentes ya que esto es una prerrogativa de las autoridades nacionales, y añadió que el cuarto paquete ferroviario proporciona herramientas "más efectivas para monitorear la correcta implementación de las prácticas de seguridad ferroviaria en la UE".
Al respecto, la Comisión encargó a la Agencia Ferroviaria Europea un segundo informe para evaluar el estado actual de la aplicación de la legislación ferroviaria de la Unión Europea en España. Cuando lo reciba, considerará "cómo proseguir" con lo que este ente determine, con la opción de que se abra un nuevo expediente al Estado español sobre la mesa.
