El PP se encuentra a tan sólo 24 horas de vivir su jornada más decisiva en una década. Si en 2008 Mariano Rajoy apuntalaba su liderazgo al frente del partido, justo cuando se cumplen 10 años del famoso congreso de Valencia el partido debe elegir a su sustituto. El primer paso llegará este jueves 5 de julio, cuando los afiliados inscritos previamente elijan entre los seis candidatos en liza, que este miércoles acaban una campaña electoral que ha tenido un auténtico protagonista: el censo del partido, que ha evidenciado serios desequilibrios entre bases y dirigencia y entre territorios.
Cifrado en 869.535 afiliados el pasado 6 de junio, hace poco menos de un mes, el censo global de la militancia ha devenido en un serio contratiempo para el partido. Cuando el PP abrió el proceso para elegir nuevo líder se empezó a temer con fundamento que menos de un 10% de esa cifra de afiliados participaría. Tanto temor hubo que el partido impulsó una suerte de 'amnistía' consistente en un pago de 20 euros mediante el cual los afiliados se podrían poner al día con sus cuotas y además elegir a su candidato. La medida no funcionó y únicamente un 7,6% del censo -66.706- se inscribió.
Pero el tener que agachar la cabeza después de años presumiendo de músculo en las bases no ha sido el mayor problema que ha causado el tener un censo inflado. El verdadero daño ha llegado con la figura de los compromisarios: los 3.134 'elegidos' que en el congreso extraordinario decidirán si validan o no las preferencias de los afiliados. Los Estatutos del PP reflejan que el número de compromisarios electos -son 2.612 frente a los 522 natos- de cada territorio resulta en un 75% del número de militantes del mismo y en un 25% del resultado de las últimas elecciones generales allí. Un sistema que podría tener más o menos tacha, pero que se derrumba cuando se descubre la 'trampa' de un censo sin actualizar.
Concretamente, el agravio surge del propio censo de cada comunidad autónoma. Los territorios con un censo más inflado gozarán de un mayor peso en el congreso del 20 y 21 de julio aunque su cuota de inscritos -su militancia activa- sea bastante menor. Una de las más perjudicadas en este sentido es la Comunidad de Madrid. Pese a presentar bastantes más inscritos en el proceso -9.944- que regiones como Valencia, Castilla y León o, sobre todo, Galicia -8.964, 6.785 y 4.564 respectivamente-, tendrá en el congreso menos compromisarios que todas ellas -207 frente a 349, 278 y 279-. Una diferencia que podría haber sido mayor de haber consolidado el PP madrileño ante Génova el censo renovado que emprendió Cristina Cifuentes el año pasado que dejaba el número de afiliados activos en poco más de 64.000.
Este contraste también se denota en otras regiones como Cataluña y La Rioja, como se puede apreciar en el gráfico. Con 1.759 inscritos en la primera y 2.071 en la segunda, los 'populares' catalanes tendrán 106 compromisarios y los riojanos únicamente 29. Un desequilibrio que favorece los intereses de aparato en tanto en cuanto algunos territorios podrían votar en bloque a través de sus compromisarios, como pidió por ejemplo Alberto Núñez Feijóo en Galicia.
No obstante, el hecho de que los afiliados también pongan el nombre de su candidato favorito en las asambleas del 5 de julio es un arma de doble filo para el partido. Un pronunciamiento claro de los mismos respecto a un candidato dejaría una papeleta difícil a los compromisarios a la hora de decantarse por el otro aspirante. Hay que recordar que el proceso consta de una primera vuelta en la que los afiliados -previamente inscritos- voten a su candidato favorito y a los compromisarios y una segunda vuelta en la que estos últimos tendrán en su mano la decisión final eligiendo entre los dos candidatos más votados por la militancia.
A menos que uno de ellos alcance más del 50% del total de los votos válidos, logre una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y sea el más votado en la mitad de las circunscripciones. Un escenario que ahora mismo se antoja difícil dada la variedad de candidaturas y la competitividad entre ellas.
Una vez Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes -José Luis Bayo no superó el corte de avales- dieron el paso, el debate interno no se instaló tanto en el ideario del partido como en el proceso interno para designar al nuevo líder. El mecanismo contemplado en los Estatutos del partido aprobados en 2017 hizo saltar todo por los aires cuando la formación se vio en una nueva tesitura: salida relámpago de Gobierno y repentina cuestión sucesorio tras la renuncia de un Rajoy que se he negado a imponer ningún 'dedazo'.
