La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, será con toda probabilidad la nueva fiscal general del Estado en sustitución de Julián Sánchez Melgar, nombrado por el anterior Gobierno y que accedió al cargo hace pocos meses tras el fallecimiento repentino de José Manual Maza el pasado mes de noviembre.
De adscripción progresista -pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, Segarra será previsiblemente el nombre que el Consejo de Ministros tenga sobre la mesa este próximo viernes para dar su aprobación. En el horizonte judicial, la nueva cabeza de los fiscales tiene como asuntos más apremiantes el futuro de los dirigentes independentistas encarcelados y las investigaciones por corrupción abiertas.
Según informan varios medios, Segarra, de 54 años y con tres décadas en el Ministerio Público, es la candidata elegida por la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, amiga personal suya. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no habría puesto ninguna objeción al nombramiento.
La opción de Segarra desbanca así a otros candidatos que sonaban en las quinielas, como es el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pedro Crespo y otros fiscales también de la UPF, entre ellos Sofía Puente y Álvaro García. También habían sonado en diferentes círculos el exmagistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez y la actual miembro de la Sala de lo Penal de este órgano Ana Ferrer.
Fiscal general 'en funciones'
Sánchez Melgar, que ha estado en el cargo menos de seis meses, ha comunicado este martes a la ministra Delgado su voluntad de poner el cargo a disposición del Gobierno, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según informa Fiscalía en una nota, la responsable del departamento de Justicia trasladó al fiscal general la petición del Gobierno de que permaneciera en funciones hasta la designación de su sucesor.
Sánchez Melgar estuvo de acuerdo con ello, y solicitó al Ejecutivo que procediera a dictar decreto de su cese cuando se produzca dicha designación. Así se lo comunicó en un escrito dirigido a la ministra del ramo en el que explicó que hasta ese momento se mantendrá en el ejercicio de sus funciones colaborando con que la transición se produzca de acuerdo con los principios de legalidad y lealtad institucional.
De acuerdo con el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado tiene una duración de cuatro años. Antes de que concluya el mismo únicamente se puede cesar por petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades establecidas en esta Ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o cuando cesa el Gobierno que lo hubiera propuesto.
Con todo, el punto dos del mismo artículo precisa que el mandato del fiscal general del Estado no podrá ser renovado excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, como ocurre en este caso.
