Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han dirigido a las oficinas de Telefónica de la Gran Vía madrileña junto al expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, y no han registrado su vivienda de la calle Zurbarán al encontrarse en obras. La detención de Zaplana, otro latigazo al PP de Rajoy y al Gobierno de Aznar.
Numerosos medios de comunicación estaban concentrados a las puertas de la vivienda del detenido, donde supuestamente se iba a efectuar un registro en presencia de Zaplana, pero un agente les ha comunicado a los informadores que no se realizaría porque la casa estaba en obras.
Después, los agentes se han dirigido con el arrestado a las oficinas centrales de Telefónica en la Gran Vía madrileña, para la que trabajaba en su área de Asuntos Públicos.
Tras la detención de Zaplana el martes poco después de las 08:00 horas de la mañana cuando salía de su casa en Valencia, que también fue registrada junto a otra propiedad en Benidorm, Telefónica anunció que había suspendido "con carácter inmediato" la relación laboral que mantenía con el exministro.
Zaplana fue arrestado por la UCO en el marco de la 'operación Erial' que coordina el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Las diligencias policiales incluían un total de 22 registros.
Según las citadas fuentes, la UCO ha practicado este miércoles en Madrid varios registros y el de su despacho en Telefónica será el último antes de que Zaplana vuelva a la Comandancia de Valencia, donde quedará a la espera de pasar a disposición del Juzgado que instruye la causa en la que han sido detenidas otras seis personas de su círculo más próximo.
Zaplana ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital valenciana como en Benidorm, ciudad en la que fue alcalde.
La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.
