El juez del Tribunal Supremo que instruye el proceso contra el 1-O, Pablo Llarena, trató ayer de limar asperezas con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y reprendió a los encausados por malversación por utilizar parcialmente sus declaraciones a El Mundo afirmando que no se utilizó dinero público para el referéndum.
Según el magistrado, los investigados "silenciaron" en sus declaraciones ante el TS que Montoro aludió también a una eventual falsificación o connivencia por parte de funcionarios y proveedores de la Generalitat. "Pese a proclamar un principio de confianza respecto de los funcionarios de la administración autonómica, el ministro recoge la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada", detalló Llarena aprovechando el auto de rechazo a los recursos del expresidente Carles Puigdemont y otros 22 investigados por el 1-O.
Llarena apunta que los datos remitidos por Hacienda no solo no contradicen sino que coinciden con su investigación sobre el delito de malversación, al apreciar algunos indicios de fraude. En este sentido, el juez opone en su auto las declaraciones de los investigados por este delito en la causa del 1-O a la documentación aportada recientemente por Montoro y defiende que "no solo no se acredita que la investigación de este proceso se muestre errónea, sino que la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por Hacienda detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime) determinados marcadores que sugerían lo que el auto de procesamiento sostiene".
Seguidamente, el juez repasa los mecanismos de fiscalización que el Gobierno ejerció sobre la Generalitat a partir de 2015 y para concluir que "descansan en el suministro de información de alcance estrictamente presupuestario y contable, a partir de un sistema de certificados y de declaraciones responsables", de manera que "el control no supone necesariamente que la realidad fáctica o material sea coincidente con la documentación presupuestaria y contable con la que se cuenta".
Sedición
En el mismo auto, Llarena confirmó los cargos por rebelión y malversación contra Puigdemont y una veintena de exdirigentes del Govern, y abrió la puerta a procesarlos por sedición o conspiración para la rebelión en el "hipotético caso de que no se acreditara" la violencia en el camino hacia el 1-O.