El juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado este miércoles un auto en el que rechaza los recursos de reforma presentados por 23 de los 25 procesados -los exconsellers huidos Antoni Comín y Meritxel Serret han rehusado hacerlo- y confirma, por tanto, el procesamiento de todos ellos, incluyendo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (consulte el auto en .pdf).
Además, en la resolución, de 85 páginas, el magistrado resuelve la polémica que ha mantenido estas últimas semanas con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dando por buenos los datos que le entregó éste tras requerimiento sobre la posible malversación en el referéndum ilegal del 1-O.
Según Llarena, los números detallados por el Ministerio de Hacienda no sólo no contradicen los de la investigación policial en curso, sino que coinciden. Se corre así un tupido velo tras las controvertidas palabras de Montoro en una entrevista asegurando que no se había cometido malversación por parte de la Generalitat dado el férreo control de su Ministerio a las cuentas catalanas.
De la misma manera, el escrito ratifica lo dicho ya en el primer auto de procesamiento que el juez emitió el pasado 23 de marzo; y es que, además de malversación y desobediencia, hubo violencia y por tanto han de mantenerse las imputaciones correspondientes por delito de rebelión.
El auto de hoy es un primer paso para la posible suspensión de los dirigentes independentistas procesados en sus cargos. Ahora las defensas de los acusados podrán recurrirlo ante la Sala de Apelaciones del Supremo. Una vez se pronuncie esta sala, el procesamiento será firme y por tanto se podrá proceder a esta suspensión hasta que haya juicio, previsiblemente en otoño.
Aunque no se tratará de una inhabilitación al uso, ya que ésta llegaría una vez fueran condenados, esta suspensión emanada del procesamiento en firme no les obligaría a renunciar a sus actas de diputados en el Parlament e incluso podrían ir acomo candidatos electorales, pero sí les impediría por ejemplo votar en la Cámara. Se complicaría nuevamente, por tanto, la consecución de una investidura.
Si los números no cuadrasen, los independentistas se verían forzados a hacer renunciar a estos dirigentes a sus actas y situar en el escaño al siguiente en la lista. Una posibilidad que no hay que pasar por alto dadas las voces dentro de JxCat que abogan por forzar otros comicios en los que Puigdemont arrasase con ERC.
