Los últimos pasos del Tribunal Constitucional y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña son "muy claros" y "cierran las puertas de forma definitiva" a que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat. Así ha mostrado el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, la opinión del Ejecutivo sobre la reforma de la ley de presidencia que plantea el Parlament. En este sentido, el Ejecutivo recurrirá "cualquier fraude", después de que el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, convocara un pleno para el 3 y 4 de mayo que incluye la votación de la reforma de dicha ley para poder nombrar president a Puigdemont a distancia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo puso en valor que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la candidatura a presidente de la Generalitat de Puigdemont y que de forma automática esa candidatura quede suspendida durante un periodo de cinco meses.
Méndez de Vigo recordó que el TC ya dictó a finales de enero una serie de medidas cautelares que "agotaron la posibilidad" de que Puigdemont pudiera ser investido y agregó que este jueves el tribunal de garantías admitió a trámite el recurso del Ejecutivo. Según recordó, el TC pide que se notifique esta resolución al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa para que sepan que deben impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga "ignorar o eludir esta suspensión".
También destacó el informe del Consejo de Garantías que rechaza la reforma para una investidura telemática y que ve de "sentido común" porque "nadie que esté huido de la Justicia" ni pueda "ejercer en su despacho" de la Generalitat "las 24 horas al día" puede ocupar la presidencia de la Generalitat.
"Ambas decisiones van en la buena solución", afirmó el portavoz del Ejecutivo, que añadió que además "cierran las puertas de forma definitiva a que pueda ser investido una persona que está huido de la Justicia y en otro país". "Pensar que alguien pueda cumplir sus funciones huido de la Justicia y a 3.000 kilómetros de distancia es algo de ciencia ficción y no cabe en cabeza humana", enfatizó.
En cualquier caso, ha garantizado que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá cualquier decisión que vaya contra la ley. Según recalcaó, si hay una "enseñanza" de estos últimos meses "para todos" es que el Gobierno del PP está "decidido a que se cumpla la ley". "Cuando ha tenido que actuar lo ha hecho sin vacilación para devolver el orden constitucional y la legalidad", enfatizó.
"Volver a la realidad"
En cuanto a si el Ejecutivo tiene preparado ya ese recurso y si lo que va a recurrir es la Ley de Presidencia o el paso previo a la inserción de esa reforma en el orden del día de la Mesa del Parlament, el ministro dijo que se trata de una "pregunta técnica" y se limitó a decir que recurrirán "cualquier fraude de ley". Fuentes de Moncloa apuntan a que habrá un recurso del Gobierno, pero tampoco han precisado el momento temporal.
Méndez de Vigo hizo hincapié en que hay que pasar de una "situación de excepcionalidad" a recuperar la "normalidad" en Cataluña, un mensaje que, según dijo, ha reiterado en numerosas ocasiones el presidente del Gobierno. Se trata de formar un Gobierno en Cataluña con un presidente que cumpla con "todos los requisitos" y que esté dispuesto al diálogo "dentro de la ley".
Méndez de Vigo insistió en que hay que "volver a la realidad" y recordó que "el reloj ya ha empezado a correr", de forma que hay que llegar a un acuerdo antes del 22 de mayo porque si no habrá de nuevo elecciones. "Es hora de que vuelvan el realismo y se presente una solución para devolveros a la normalidad política", ha manifestado, ya que, según dijo, con el artículo 155 de la Constitución ha vuelto a Cataluña la normalidad a las calles y a la "vida cotidiana" de los catalanes.
La solicitud de Llarena sobre el 1-O
En un Consejo de Ministros centrado en la presentación del Plan de Estabilidad que el Gobierno enviará a Bruselas, no se hizo hueco a preguntas sobre si el Ministerio de Hacienda ha enviado ya al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena los documentos para acreditar que no se destinó ni un solo euro público al 1-O.
Fue en una conversación informal con los periodistas, tras la rueda de prensa, donde al ministro Cristóbal Montoro se le preguntó si ya había enviado al juez Llarena la información que se le demandó acerca de en qué se basa para decir que no se gastó dinero público en el referéndum ilegal. "No voy a decir nada, nada, nada", ha zanjado.
Fuentes de Moncloa reiteraron después que no existe discrepancia entre lo que sostiene el ministro Montoro y lo que dice el juez Llarena -que acreditó una malversación de casi dos millones de euros en el 'procés'-. Según las mismas fuentes, todo cuadra y están tranquilos.
