La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el procés catalán acredita una malversación de 1'9 millones de euros, según se desprende del último informe de la Guardia Civil tras levantarse el secreto de la pieza de la investigación. Llarena requiere a Montoro para que aclare por qué dijo que el 1-O no se pagó con dinero público.
El informe que señala dicha cantidad está fechado el pasado 27 de marzo y obra en la pieza separada sobre la malversación en el procés. El anterior informe de la investigación cifraba en 1,6 millones de euros el gasto total.
En este nuevo escrito, el Instituto Armado apunta que la Generalitat realizó pagos destinados al referéndum ilegal del 1-O camuflados en distintos gastos que fueron gestionados por la asociación civil independentista Ómnium (61.879 euros ) y por la coalición en el Gobierno Junts per Sí (17.690,20 euros)
En concreto, se detalla que la Generalitat, a través de Secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, utilizó Ómnium Cultural "como sociedad interpuesta" para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar.
La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat, las gestionó Ómnium para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba gastos de estos carteles, que la Guardia Civil fija en 61.879 euros entre impresión y reparto.
En otro momento del informe se traslada a Llarena que ya se dio cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -que investiga la organización del 1-O-, de la documentación aportada por el Teatro Nacional de Cataluña que desvela que el grupo parlamentario Junts pel Sí abonó 17.690,20 euros para un acto celebrado el 4 de julio de 2017.
Otro punto novedoso del informe señala que las instituciones Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea y el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), dependientes del procesado en prisión preventiva y exconsejero de Exteriores Raül Romeva han asumido gastos de fondos públicos que alcanzan la cantidad, según la Guardia Civil, de 217.656,22 euros. No obstante, añade el informe que "hasta la fecha no se ha llevado a cabo la ejecución" de estos mandamientos.
Unipost y otros pagos
No obstante en el informe no establece cuántos gastos comprometidos están abonados realmente y cuántos no. Sí precisa que está acreditado que la Generalitat pagó 119.700 euros a la empresa The Hague Center for Strategic Studies por el desplazamiento de observadores internacionales para el 1 de octubre.
Pero añade que también tenían el compromiso de pago de otros 47.365 euros que sería un "pago final" a realizar en noviembre pasado, pero el instituto armado deja claro que desconoce si esa factura se abonó o no. Eso sí, precisan que se han solicitado distintos mandamientos que aún no se han llevado a cabo en las diligencias de investigación de la presunta malversación de fondos públicos por parte del Diplocat.
La Guardia Civil también expone en su informe que ha habido dos intentos de cobrar una de las cinco facturas en las que se dividió el pago a Unipost. Se trata de una factura de 238.965,37 euros que la citada empresa tenía confeccionada para el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat.
Además, los investigadores explican al juez que siguen otras líneas de investigación para averiguar los posibles pagos con fondos públicos a Carles Viver Pi i Sunyer y su entorno por los informes que realizó relacionados con la preparación del referéndum.
A ello se suma la investigación de la cantidad empleada por el CTTI para el acondicionamiento de un Call Center donde se pretendía gestionar y centralizar los datos del referéndum, así como del material, principalmente informático para ese evento.
Sobre el último punto, la Guardia Civil explica que aún está tratando de terminar que parte de un contrato con Fujitsu por 40.227 euros se destinó al material del citado Call Center.
Todas las partidas
.- Coste de Publicidad en medios.....................502.639,61.(Publicidad TV3, anuncio Vías y otros, 277.804 euros y Campaña "SI o NO", 224.835,25 euros).
.- Servicios de Unipost (envíos)....................980.313,76.
(Cinco facturas: Departamento de Cultura, 196.696,98; vicepresidencia, 193.889,98; Salud, 192.711,20; Trabajo, 197.492,04 y Presidencia, 198.871,76).
.- Carteles encargados por Omnium con logo de la Generalitat...............................................61.879.
.- Coste de los observardores..........................217.656,22.
(Dos pagos realizados ya por 119.700 euros; un pago final de 47.365 y Vuelos, hoteles y actos por 40.591,22).
.- Alquiler Teatro Nacional de Cataluña.................17.698,20.
.- Material electoral intervenido......................152.578,63.
(Material intervenido en Igualada, 60.369,60 euros y Material de Bigues i Riels, 92.209,03).
Críticas a Montoro
Del levantamiento del secreto de la pieza ha informado después de la medianoche VOX, personado como acusación popular en el procedimiento que instruye el magistrado del Supremo.
Ante la "gravedad de lo constatado", el partido liderado por Santiago Abascal ha reclamado la "inmediata" dimisión o el "cese fulminante" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el pasado lunes aseguró en una entrevista a El Mundo que el procés no se habría financiado con dinero público.
Según señala VOX, el titular de Hacienda ha "faltado a la verdad" y ha causado "un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas", a la vez que "ha perjudicado igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania".
El partido ya había pedido este miércoles la dimisión del titular de la cartera de Hacienda si quedaba acreditado que el independentismo catalán había utilizado dinero de las arcas públicas para financiar sus intereses. Ciudadanos ya ha pedido la comparecencia urgente de Montoro en el Congreso sobre el 1-O.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que enviará a Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.
