El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha comparecido este lunes, sobre las 10:20 horas, ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le ha citado para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por su intervención en el procés.
En su comparecencia, Junqueras ha manifestado ante el magistrado que "no se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso" soberanista en Cataluña, según han manifestado fuentes presentes en la declaración indagatoria que se ha celebrado este lunes en el alto tribunal.
El exvicepresidente del Govern declarado durante 40 minutos y únicamente ha contestado a preguntas de su abogado defensor, para insistir en que todo fue "pacífico", rechazando responder al resto de abogados, a la Fiscalía y a la acusación popular representada por Vox. "Creo en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia", ha añadido, para reiterar que no considera que sea delito la convocatoria de un referéndum, según las mismas fuentes.
Otras fuentes presentes en la indagatoria han señalado que, a preguntas de su defensa Junqueras ha manifestado que ERC lleva defendiendo un programa independentista desde hace muchos años y participando con él en las elecciones sin que nunca haya sido antes cuestionado. A su juicio, el conflicto debe solucionarse desde la política y nunca judicializarlo y mucho menos criminalizarlo.
Para Junqueras, defender la independencia es legal y los representantes políticos catalanes han intentado promover repetidamente un acuerdo político con España y pactar la forma de ejercicio del derecho a la autodeterminación, sin que España haya facilitado nunca cualquier diálogo. Todo ello sin promover la violencia, ha recalcado ante Llarena, si bien considera que la que fue desplegada por la policía el pasado 1 de octubre fue inadmisible y desproporcionada.
La defensa de Junqueras defiende además que el Supremo no es competente para investigar estos hechos y ha denunciado que la prisión provisional que sufre su cliente le impide organizar su defensa en las condiciones óptimas. Junqueras, a preguntas de su letrado, ha dicho además que se le está investigando en otros procedimientos, como el que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y pretende anular el movimiento político que representa, cercenando los derechos políticos de quienes le votaron, según las mismas fuentes.
Sànchez y Cuixart
Seguidamente, Llarena ha realizado el mismo trámite con el que fuera el último candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez -quien ha permanecido hora y media ante el juez-, y con el líder de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En el caso de ambos, el trámite es el mismo que con Junqueras, aunque únicamente respecto del primer delito, ya que no se les acusa del segundo, la malversación.
Sànchez ha empleado su comparecencia para reprochar al instructor su falta de objetividad en la redacción de su último auto, en el que éste utilizaría el término "sufrimos" al hablar de las consecuencias del 'procés': "No se puede ser juez y víctima".
A lo largo de este trámite procesal, Sánchez ha contestado únicamente a su abogado defensor para extenderse en sus reproches y según las mismas fuentes habría manifestado las dudas sobre la falta de imparcialidad mirando fijamente a los ojos del magistrado, para acusarle directamente de no actuar con independencia. Al finalizar su intervención, Llarena le ha contestado que con respecto a estos temores su defensa puede recurrir ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal, como ya ha hecho.
Sánchez también ha manifestado que considera que la causa abierta en el Supremo no es una causa individual contra determinadas personas sino una causa general contra una colectividad, la independentista. También ha destacado que durante los últimos meses para la actuación de ANC "siempre ha habido contactos con el Gobierno" de la Generalitat y que "especialmente" los mantiene el consejero del Interior, el también procesado por rebelión Joaquim Forn.
El diputado de JxCat ha comparecido ante el juez Llarena justo cuatro días después de que el magistrado volviese a rechazar dejarle en libertad provisional, ni le concediese ningún permiso penitenciario para poder acudir a la sesión de investidura que estaba convocada para el viernes día 13 de abril, y que finalmente ha sido suspendida por el presidente del Parlament, Roger Torrent.
El magistrado del Tribunal Supremo ha citado para el martes, día 17 de abril, también a las 10:00 horas, a los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Raül Romeva (Exteriores), procesados por rebelión y malversación. Un día después será el turno de Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo), -acusados por los mismos delitos- y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que sólo se le atribuye rebelión.
Trapero, procesado por sedición
Este mismo lunes, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha notificado personalmente su procesamiento por sedición y organización criminal al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn-.
La comparecencia ante la juez de la Audiencia Nacional, en la que podían rebatir la acusación contra ellos, se ha prolongado solo unos minutos, en los que la Fiscalía ha declinado hacer preguntas y tampoco ha pedido la celebración de una vistilla para la adopción de medidas cautelares más gravosas de las que ya se les han impuesto en instrucción, han informado fuentes jurídicas.
Trapero ha recurrido el auto de procesamiento de la jueza y ha rechazado haber puesto al cuerpo policial catalán al servicio del proceso independentista ya que, ni él ni la cúpula policial, compartían "un eventual plan tendente a la celebración del referéndum".
En el recurso presentado el pasado lunes por su abogada, Olga Tubau, Trapero destaca que en la causa no hay ninguna manifestación pública ni privada que demuestre su connivencia con el plan soberanista: "Simple y llanamente porque no solo no realizó jamás manifestaciones en este sentido sino porque ni formó parte de la supuesta 'compleja y heterogénea organización' unida por ese designio, ni sometió el cuerpo policial autonómico a dicho proceso".
"Una cosa eran los desiderátums y la voluntad del órgano político y otra la actuación del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, cuya cúpula, con el mayor a su frente, vino siempre presidida por una firme determinación de cumplir con el ordenamiento legal vigente y con las órdenes emanadas del Poder Judicial y de la Fiscalía", argumenta.
