La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido dejar en libertad sin fianza al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero porque considera que no hay riesgo de fuga y que a día de hoy ya no puede comprometer la investigación, al tiempo que al haber sido apartado del cargo al frente del cuerpo policial no puede ocultar o destruir pruebas.
Así lo explica la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en el auto en el que explica la decisión de no atender la petición de Fiscalía de imponerle una fianza de 50.000 euros, ya que considera que no hay motivos "suficientes" para incrementar las medidas cautelares que ya le impuso el pasado 16 de octubre.
Es la tercera vez que Trapero acude a declarar a la Audiencia Nacional desde que fuera imputado por sedición tras los incidentes ocurridos el pasado 20 de septiembre en Barcelona durante los registros policiales en sedes de la Generalitat. Ahora se le investiga por un segundo delito de sedición por la actuación de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum independentista del 1 de octubre.
Trapero ha estado declarando durante casi dos horas y media ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que le imputa un segundo delito de sedición, esta vez por la "total inactividad" de los Mossos para evitar el referéndum independentista del 1 de octubre.
El exjefe de la policía autonómica catalana ya estaba imputado por sedición, en concreto por los incidentes ocurridos los pasados 20 y 21 de septiembre, durante los registros en sedes de la Generalitat. Pero ahora la magistrada ha decidido ampliar la investigación al día del referéndum.
Reuniones con Puigdemont
Trapero ha reconocido hoy haber mantenido reuniones previas al 1-O con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y "otros mandos policiales", que "anteriormente ocultó", motivo por el que la Fiscalía ha pedido su libertad bajo fianza de 50.000 euros.
Según una nota de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Pedro Rubira ha argumentado la petición de esa fianza para Trapero en "la agravación" de su situación procesal tras serle imputado por la juez Carmen Lamela un segundo delito de sedición en relación al 1-O.
Además, añade la nota, otro de los motivos es que en esta tercera declaración ante Lamela, "se han conocido detalles importantes que anteriormente ocultó", fundamentalmente esas reuniones con miembros del Govern cesado y otros "mandos policiales" "sobre el referéndum".
La Fiscalía insiste en que el mayor de los Mossos, que fue relevado de su cargo tras la aplicación del artículo 155 por su compañero Ferrán López -que también ha declarado hoy como testigo-, "no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración".
Pese a estos argumentos, la magistrada ha rechazado imponerle la fianza reclamada por el fiscal y le ha mantenido las mismas medidas cautelares que decretó para él la segunda vez que compareció ante ella el pasado 16 de octubre: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.
Al dejarle en libertad con las citadas medidas, Lamela precisó que la investigación se circunscribía al asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre, a la espera de ampliarla al 1-O, y que su actuación en ese episodio no estaba aún "suficientemente perfilada" para vincularle directamente "a hechos tan graves como los que esos días sucedieron".
"Plan premeditado"
Ahora, tras practicar diligencias, entre ellas la toma de declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la juez concluía, al citarle de nuevo, que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O "fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y por eso "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de las otras Policías.
Con esa finalidad, se diseñó un "plan premeditado", "que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", que encabezaba Puigdemont.
Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los "Jordis".
Realmente -añadía el fiscal- actuaron de "correa de transmisión de las instrucciones" de los responsables políticos "ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley".
La juez cree que Trapero se encargó del diseño de "un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación", por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.
Entidades
