La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzga desde este miércoles a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en un montante de 741 millones de euros.
La vista oral, que ha arrancado este lunes, ha transcurrido con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, cuestiones previas que está previsto que se prolonguen también el jueves y el viernes, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.
Chaves y Griñán han llegado por separado y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación a la Audiencia Provincial de Sevilla. Chaves ha llegado sobre los 09:37 horas acompañado por su abogado, mientras que Griñán ha hecho lo propio apenas un minuto después, siendo rodeados los dos socialistas por un amplio despliegue de medios de comunicación acreditados. Ambos se han dirigido con rapidez a la Sección Primera de la Audiencia Provincial
Previamente habían llegado otros acusados como el exvicepresidente y exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y la exconsejera andaluza de Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, que han compartido coche para desplazarse a la Audiencia de Sevilla, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo o el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez.
Después de los expresidentes han llegado a la Audiencia otros acusados como los exconsejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que ha saludado a los periodistas a la entrada y ha comentado que tiene "mucho frío", ya que la ciudad registra una temperatura matinal de seis grados.
Chaves y Griñán, sentados juntos
El juicio ha arrancado a las 10:49 horas, con casi 50 minutos de retraso, con la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña, ha dado comienzo a la vista oral con la lectura por parte del letrado de la Administración de Justicia -antiguo secretario judicial- de los escritos de acusación, y en concreto del escrito de acusación elaborado por el Ministerio Público.
Los acusados se sentaron en sillas, y no en los tradicionales bancos de madera, de modo que en la primera fila estaban sentados, por este orden, los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán, Manuel Chaves, y los exconsejeros Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.
En la segunda fila, entre otros, se encontraban sentados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
En el estrado, y además del tribunal compuesto por los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, los fiscales delegados Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, los abogados que ejercen la acusación en nombre del PP-A, Lourdes Fuster, y de Manos Limpias, Rafael Prieto Tenor, y los 21 abogados de los 22 acusados.
En la sala estuvieron presentes, además, ocho periodistas de distintos medios de comunicación y varias personas que han entrado como público, entre ellos el abogado Francisco Baena Bocanegra.
Chaves y Griñán, junto a otros acusados, hoy en el banquillo. Imagen: EFEDesarrollo de la sesión
Fuentes del caso han informado de que los abogados de los acusados plantearán media docena de cuestiones previas, siendo una de las más reseñables la que presentará el abogado de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano.
En este sentido, el letrado reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.
Y es que el abogado considera que este nombramiento sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero del año 2011 la magistrada Mercedes Alaya.
De su lado, el abogado de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo planteará como cuestión previa la "necesidad" de modificar el orden de practicar las pruebas en el juicio para que los acusados declaren tras los testigos y peritos y no antes, como sucede habitualmente.
Más de 100 testigos
Tras la presentación de las cuestiones previas, el juicio se reanudará el 9 de enero con la declaración de los 22 acusados, así como de 117 testigos propuestos por Anticorrupción, las dos acusaciones ejercidas por PP-A y Manos Limpias y las defensas, y una docena de peritos que han realizado informes periciales sobre el objeto del denominado procedimiento específico.
Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza 'política' de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses, finalizando en el verano, y algunas fuentes apuntan a que podría llegar al año de duración.
En el estrado, y además del tribunal, se sentarán los 21 abogados de los 22 acusados, los dos fiscales delegados de Anticorrupción y los letrados que ejercen la acusación en nombre del PP-A y del sindicato Manos Limpias.
El tribunal estará formado por los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle Peña, que será el magistrado ponente después de que la Sección Tercera de la Audiencia admitiera la recusación promovida por PP-A y Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado como ponente del juicio.
Los 22 acusados
Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.
El juicio, para que el que se han acreditado 160 profesionales de 40 medios de comunicación, también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.
Las peticiones de anticorrupción
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.
Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.
Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Griñán, Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que, para otros 12 ex altos cargos, eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación.
En este último grupo se encuentran José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.
La Fiscalía pide que estos 15 acusados a los que se atribuye el delito de malversación respondan solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E", y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.
741 millones de euros
Así, cifra la cantidad que deben devolver estos 15 acusados por malversación en más de 741 millones en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones de euros, por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta en el caso ERE ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A, que a los delitos de prevaricación y malversación suma el de asociación ilícita, ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
En el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo de 2016, el juez Álvaro Martín manifestaba que, "entre los años 2000 y 2011, se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse procedimiento específico".
Según el magistrado, su objeto era "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros".
