La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este viernes los recursos de apelación de los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, contra el auto de prisión dictado por la juez Carmen Lamela el pasado 16 de octubre, por lo que continuarán en la cárcel de Soto del Real, han informado fuentes jurídicas. En directo | El soberanismo, ante los tribunales.
Este viernes se ha celebrado la vistilla en el que los abogados de los líderes de las asociaciones catalanas han destacado que la situación en Cataluña cambió a partir del 27 de octubre con la aprobación en el Parlamento catalán de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, acontecimientos que sucedieron cuando ya estaban en prisión.
La Fiscalía ya se opuso en un escrito -y en esta posición se ha mantenido- a su excarcelación asegurando que "a día de hoy" continúan "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".
Según el Ministerio Público, tanto Sánchez como Cuixart eran "conscientes" de que esos días desarrollaron una "actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".
Los fiscales aseguran que el "llamamiento" que hicieron a la movilización mientras se estaban realizando los registros en sedes de la Generalitat "no era para realizar una concentración o manifestación pacífica, sino impedir que los miembros de la comisión judicial pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley e impedir el normal ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, e impedir el normal desenvolvimiento de una sociedad democrática que propugna como valor supremo el Estado de Derecho".
Los abogados de ambos argumentaban para su excarcelación que la situación en Cataluña cambió el 27 de octubre con la aprobación en el Parlamento catalán de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, acontecimientos que sucedieron cuando ya estaban en prisión.
La situación actual
Según han informado fuentes jurídicas, los letrados han incidido a la Sala presidida por María José Rodríguez Dupla y compuesta por Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Julio de Diego y Antonio Díaz, en que sus defendidos deben abandonar la prisión de Soto del Real porque no existe ni posibilidad de reiteración delictiva, ni riesgo de fuga, ni destrucción de pruebas.
Sobre la reiteración delictiva han argumentado que ellos no pueden actuar para la consecución de la independencia de Cataluña, de lo que están acusados principalmente, porque "la situación política" en la Comunidad Autónoma "ha cambiado" y "sobrepasa" al auto de prisión de la juez Lamela.
Para ello, han justificado que llevaban ya 11 días en prisión cuando el Parlament aprobó la DUI y un día después el Gobierno de Mariano Rajoy disolvió la cámara parlamentaria y convocó elecciones para el 21 de diciembre, como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Duda competencial
Asimismo, según han contado las fuentes jurídicas presentes en la vistilla, los abogados han dudado de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar a Sánchez y Cuixart por un delito de rebelión. Para ello, han presentado "documentos" del juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga los hechos relacionados con los preparativos del referéndum del 1 de octubre, como el auto en el que ordenó las entradas y registros de varios departamentos y organismos del Govern, el pasado 20 y 21 de septiembre, en el que se muestra competente para instruir estos hechos y delitos.
Precisamente, por los acontecimientos y movilizaciones sociales que tuvieron lugar estos días frente a las sedes dependientes del gobierno autonómico, se encuentran investigados por sedición los presidentes de ANC y Òmnium Cultural.
Con respecto a Cuixart, su abogada, Marina Roig, ha aportado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal pruebas gráficas y grabaciones que, en su consideración, demuestran que su defendido no impidió la salida de la comitiva judicial tras los registros, han apuntado las fuentes jurídicas.
En cuanto al riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, los abogados han destacado en que la magistrada instructora no precisa, ni argumenta debidamente esta posibilidad. Es más, han insistido en que no existe probabilidad de que puedan huir porque han sido citados en dos ocasiones y siempre han acudido.
