El Senado ha recibido este jueves por burofax alegaciones de la Generalitat de Cataluña contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según han informado fuentes de la Cámara Alta. Lea aquí las alegaciones presentadas por la Generalitat contra el 155 (.pdf)
El escrito ha entrado tres minutos después de las 10:00 horas -cuando concluía el plazo que se dio a la institución autonómica-, lo que he hecho que la Cámara informase en un primer momento de que no había recibido nada y se cerraba el plazo. Finalmente, el Senado ha aceptado toda la documentación.
En estas alegaciones, la Generalitat ha expuesto que las medidas del 155 son de una "manifiesta desproporción" y van más allá de "medidas necesarias" para "que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia y los otros actos dirigidos a este mismo objetivo". A su juicio, sirven para despojar de sus atribuciones y desarticular la estructura de la Administración catalana.
En el documento enviado el Govern advierte de que para resolver lo que el Gobierno califica de "grave situación extraordinaria", se va a crear "una todavía más grave situación extraordinaria al arrebatar a Cataluña su autonomía política".
Según el texto de Puigdemont el "límite ha sido ampliamente sobrepasado y sin justificación con su adecuada proporcionalidad y gradualidad", ya que según dice, se trata de un conjunto de medidas que no se dirigen solo a que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia sino que "despojan prácticamente las instituciones de sus principales atribuciones".
Y entiende que las medidas del 155 tendrían que ser sólo las estrictamente congruentes con el "objeto específico" del requerimiento previo del Gobierno del presidente, Mariano Rajoy, que se dirigía sólo a que cesaran las actuaciones de la Generalitat relacionadas con el proceso de independencia.
A juicio de Puigdemont, el Gobierno estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un "exceso notorio respecto el objeto de requerimiento previo con una clara falta de congruencia respecto del mismo y con manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat".
Bloqueo de servicios públicos
El documento asegura que el cese del presidente de la Generalitat, así como de los miembros del su gobierno, suponen una "injerencia" que va en contra de la Constitución Española y que no está prevista en el Estatuto de Autonomía y quiebra la relación de confianza entre los representantes electos de Cataluña y su Gobierno. Vulnera, según las autoridades catalanas, el derecho de Puigdemont y sus consejeros a permanecer en su cargo y a no ser cesado por causa que no estén en la legislación catalana.
Y carga contra la medida de controlar el Ejecutivo catalán, que considera "genérica" y contraria a la adopción de medidas e instrucciones concretas a determinadas autoridades. El control de las consejerías por parte de los ministerios del ramo en Madrid no tiene "cobijo" en el artículo 155 y apunta a que provocará una acumulación de trámites de "imposible gestión", que a su juicio lleva al "bloqueo" o "paralización de los servicios públicos".
Sobre la limitación de facultades del Parlament catalán, Puigdemont alega que el 155 supone "desnaturalizar" el carácter representativo de la Cámara y vulnerar el derecho de los parlamentarios.
Explica que la imposibilidad de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de proponer un candidato a presidente de la Generalitat o convocar un debate de investidura significa limitar las funciones de la presidenta y "desnaturaliza el carácter del sistema parlamentario", que es "una de las condiciones básicas del pacto constituyente hacia Cataluña".
Intervención "insólita" de TV3
Las autoridades catalanas critican la sustitución de Mossos d'Esquadra por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que va en contra del Estatuto de Autonomía y altera la cadena de mando del cuerpo policial autonómico, algo "manifiestamente contradictorio" con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.
Sobre el control estatal de TV3 y otros medios públicos, lo consideran una medida "insólita" e "impropia" de un Estado que reconoce y garantiza la libertad de información. Y elabora una defensa de los medios públicos, asegurando que el servicio público de información de la Generalitat "es reconocido en Europa" por su "veracidad, objetividad y respeto al pluralismo social y cultural, tanto en sus programas informativos como en el conjunto de su programación".
Según reitera el texto, los medios públicos catalanes ya se someten a "rigurosos controles" por parte de una autoridad independiente como Consejo Audiovisual de Cataluña.
Además, Puigdemont ha designado al delegado de su gobierno en Madrid, Ferran Mascarell, y a los portavoces de ERC y el PDeCAT en el Senado Miquel Angel Estradé y Josep Lluís Cleries para que le representen en el proceso de tramitación del artículo 155 en el Senado.El PSOE quiere un 'freno'
La documentación remitida por la Generalitat está siendo estudiada desde las 12:00 horas por la ponencia de la comisión creada para debatir el asunto. Esta ponencia se reúne a puerta cerrada y tiene sobre la mesa tendrá, junto a las alegaciones, el acuerdo del Gobierno y las aportaciones que quieran realizar los grupos. Como no se puede presentar una enmienda a la totalidad, un veto, hay partidos que barajan rechazar el documento mediante enmiendas parciales, como el PDeCAT y Unidos Podemos.
También el Grupo Socialista del Senado estudia presentar una modificación al texto, que ha llegado a la Cámara pactado por su partido con el Gobierno.
De hecho, el PSOE quiere introducir en la tramitación en el Senado de las medidas para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución un freno explícito a todas las actuaciones previstas por el Gobierno si, antes de su entrada en vigor, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley, han informado fuentes socialistas.
Santamaría, en la comisión
La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, será quien defienda este jueves en el Senado la posición del Gobierno ante la aplicación del 155, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.
Se prevé que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, hará lo propio el viernes ante el Pleno de la Cámara Alta, si bien Moncloa no lo ha confirmado aún oficialmente.
El Gobierno estudia reunir esa misma tarde el Consejo de Ministros para analizar cómo se aplican esas medidas, que incluyen la destitución de Puigdemont y su Ejecutivo, así como el recorte de las funciones del Parlamento catalán.