La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado este lunes por la noche a prisión sin fianza a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, porque les considera los "principales promotores y directores" de las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona, en las que "apelaron a la resistencia" con el fin de "impedir la aplicación de la ley".
"Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados", explica la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en el auto de prisión, medida que sí ha esquivado el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que se ha visto obligado a someterse a medidas cautelares (como la retirada de su pasaporte y la de acudir ante la Justicia cada 15 días) junto a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana .
La magistrada adopta esta decisión de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que pedía para los dos líderes soberanistas prisión incondicional, y al respecto detalla que es "destacable para la evaluación del riesgo de fuga la relevancia de la gravedad del delito de sedición", que lleva aparejadas penas de hasta diez años de cárcel.
A Soto del Real
Además, subraya que, a mayor gravedad de los hechos y de la pena, "más intensa cabe presumir la tentación de huida", destacando que existe riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Fuentes judiciales han confirmado que los dos investigados serán trasladados a la prisión de Soto del Real esta misma noche.
Sànchez y Cuixart, indica Lamela en su auto, utilizaron las redes sociales y grupos de difusión propios y de ANC y Òmnium para "incitar" a la movilización a la gente "en contra de las órdenes judiciales". Desde el 28 de agosto se detectó una página web desde la cual se publicitaba sobre el referéndum ilegal.
Aunque la magistrada envía a prisión a los investigados por los hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre, también destaca en su auto que la incitación a la movilización se prolongó hasta el 1 de octubre y "desde las mismas cuentas" de las redes sociales realizaron ese día "llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios electorales y presentar resistencia a las actuaciones policiales".
De hecho, hace referencia a los mensajes que se enviaron a partir del 29 de septiembre en los que se instaba, a través de la página web www.cridademocracia.cat, a estar 'tots conectats' ('todos conectados') el 1 de octubre para "recibir instrucciones concretas y así poder reaccionar inmediatamente contra cualquier ataque".
Los días previos al referéndum continuaron las comunicaciones con instrucciones sobre los colegios electorales la jornada de la votación ilegal a pesar de conocer la prohibición judicial vigente. "Semejantes mensajes remitieron desde Twitter a través de sus perfiles personales y de los de las asociaciones que presiden, publicitando la iniciativa de 'escuelas obertes' de mantener abiertos los colegios, evitando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", apunta.
Proteger a los gobernantes catalanes
Por otro lado, la jueza recuerda que los hechos acaecidos en septiembre durante los registros y detenciones de miembros de la Generalitat por promover el referéndum "no se trataron de concentraciones pacíficas", sino que iban encaminadas a la "protección" de los gobernantes catalanes mediante "movilizaciones ciudadanas masivas". Especifica también que no se remitió "mensaje alguno de que no se violentaran los vehículos de la Guardia Civil" que sufrieron destrozos por valor de 135.000 euros.
En relación a Jordi Sànchez, Lamela le acusa de que durante las protestas del 20 y 21 de septiembre informó de que "un grupo de los suyos" iba a cortar la Gran Vía de Barcelona. También recuerda en el auto el incidente protagonizado por Jordi Cuixart en Badalona, donde se llevó de un vehículo de la Guardia Urbana los carteles pro referéndum que los agentes se acababan de incautar, suceso en el que participó también el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez Oliva.
Por todo ello, la magistrada constata que los hechos acaecidos en septiembre "no constituyeron una protesta ciudadana aislada o convocada pacíficamente", sino que "las actividades descritas se enmarcan dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados, en ejecución de la hoja de ruta diseñada a obtener la independencia de Cataluña".
Como ya hicieran en su primera comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado 6 de octubre, los dos acusados se han negado a responder a las preguntas de la Fiscalía. Mientras que Sànchez ha contestado a su letrado, Cuixart se ha acogido a su derecho a no declarar.
Tanto en su entrada a primera hora de la mañana de este lunes como en su retorno a las 18.00 horas después del receso, los presidentes de la ANC y de Òmnium han sido recibidos con aplausos y vítores por una veintena de diputados y senadores del PdeCAT al grito de "No esteu sols" ("No estáis solos") entre gran expectación mediática. Ellos han respondido con saludos y con el puño en alto en señal de victoria.
Un acto "intolerable"
Òmnium Cultural ha considerado "intolerable" en una sociedad democrática el ingreso en prisión incondicional sin fianza para los presidentes de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. "La privación de libertad de los presidentes de @omnium y @assemblea es intolerable en una sociedad democrática. La movilización continúa, no podrán encarcelar a todo un pueblo", ha sostenido Òmnium en Twitter.
La ANC ha pedido en un comunicado que la gente haga un paro de protesta a las 12 horas ante sus respectivos puestos de trabajo, mientras que a las 19 horas han pedido "concentraciones silenciosas" ante las delegaciones del Gobierno central en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
Por su parte, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, ha asegurado a través de la red social que el encarcelamiento de Sánchez y Cuixart "es una muy mala noticia" y ha alertado de que se pretende "encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad". Su vicepresidente, Oriol Junqueras, también ha reaccionado en Twitter para asegurar que "pedimos hablar, sentarnos y dialogar, y el PP, vía Fiscalía, responde con prisión incondicional a Sànchez y Cuixart #democracia". La CUP, en la misma línea, ha asegurado que "no podrán acallar la voz de un pueblo". Carme Forcadell, presidenta del Parlament, ha tildado la prisión para los dos dirigentes como "injustificable".
Miquel Iceta, líder del PSC, ha criticado la medida, calificándola de "desproporcionada". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha sido clara: "¿Prisión por organizar manifestaciones pacíficas? Totalmente injusto y un grave error que nos aleja del diálogo. Basta de judicialización".
Por su parte, el líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García-Albiol, se ha congratulado de la decisión judicial, aseverando que "el estado de derecho acaba poniendo a cada uno en su sitio".
