La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordenado este lunes libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, por el delito de sedición, según han informado fuentes jurídicas. Consulte el auto (.pdf).
De este modo, le ha impuesto comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio español, indicación de un teléfono de contacto donde esté localizable "inmediatamente" e indicación de una persona para que reciba cualquier tipo de notificación.
Así lo ha decidido la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 después de tomar declaración durante casi dos horas a Trapero y a la vista de las informaciones aportadas por la Guardia Civil en los atestados sobre los incidentes acaecidos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre durante el referéndum independentista.
La magistrada, por tanto, no ha seguido el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado prisión incondicional para el mayor del cuerpo policial de Cataluña. No obstante, le recuerda que se trata de hechos "muy graves" que revisten carácter de delito de sedición, penado con hasta diez años de prisión, y que existen elementos que vinculan al jefe policial con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán.
En concreto se refiere al contenido del documento enfoCat hallado durante el registro del domicilio del número dos de Economía del Govern Josep Maria Jové Lladó, la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos ocurridos durante la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, o el contenido de las conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "en las que se vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o la Guardia Civil".
El citado auto justifica las medidas adoptadas para Trapero, aunque defiende su medida de libertad en que cuenta con residencia y domicilio reconocidos y trabajo estable. También descarta la reiteración delictiva en la que el Ministerio Fiscal fundamenta su solicitud de prisión incondicional, ya que considera que esa posibilidad no aparece delimitada, sin perjuicio de las posibles ampliación que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias.
Trapero había llegado poco antes de las 9:30 horas de este lunes a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por el delito de sedición. Esta vez, y por consejo de su abogado, ha acudido vestido de paisano, con traje gris y corbata azul, a diferencia del primer día que declaró, que lo hizo con su uniforme del cuerpo policial.
Además de Trapero, han acudido a declarar Teresa Laplana, intendente de los Mossos y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Estos dos últimos han sido enviados a prisión sin fianza a raíz de los sucesos del 20 y 21 de septiembre.
Con los cuatro investigados por sedición, la magistrada había citado este lunes a tres testigos de los hechos: dos guardias civiles y la letrada de la administración de justicia -antiguamente denominada secretaria judicial- del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que ordenó los registros el 20 de septiembre que motivaron las movilizaciones donde se registraron los incidentes. Todos ellos han sido los primeros en declarar ante la magistrada.
Cautelares para la intendente
La magistrada ha impuesto a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, la medida cautelar de comparecencias cada 15 días ante el juez, prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte por el mismo delito, en relación a los incidentes registrados en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y durante el referéndum independentista del 1 de octubre.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha rechazado la medida solicitada por la Fiscalía, que consistía en la imposición de una fianza de 40.000 euros para poder eludir la medida de prisión preventiva.
