La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado dos años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en la pieza separada del caso Púnica, en el que está investigado por los delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada.
El escrito de acusación ha sido presentado ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que instruye las diligencias, aunque fuentes judiciales han dicho a Efe que lo previsible es que el caso vuelva a la Audiencia Nacional, al haber pedido Sánchez su aforamiento tras su dimisión como diputado en la Asamblea Regional, que se formalizó ayer.
El caso se encuentra en la fase de presentación de acusaciones o de solicitud de sobreseimiento. En este proceso se trata de determinar si Sánchez pudo incurrir en los citados delitos en sus tiempos de consejero de Educación.
Según las acusaciones, el expresidente murciano pudo cometer esos ilícitos penales con los contactos mantenidos con la trama Púnica para concertar un contrato de mejora de imagen con vistas a su presentación como cabeza de lista de la candidatura del PP para las elecciones autonómicas.
Junto a Sánchez figura también como imputado el que fue su asesor en la consejería, David Conesa.
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