EN DIRECTO | Siga todos los actos y reacciones de la jornada de la Diada de Cataluña. En hora de máxima audiencia. Así es como Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, decidió mantener vivo su desafío ayer en su mensaje nocturno por la Diada.
El presidente catalán reiteró que el referéndum se celebraría, que no reconocía ninguna inhabilitación que no viniera del Parlament y llamó a la participación. "Lo que degrada la Democracia es no dejar votar. Las urnas no dividen", señaló. Así, invitó a los catalanes -a los votantes del sí y a los del no- a que acudieran a las urnas porque el referéndum era "legal". Un mensaje que es coincidente con el que están lanzando las entidades soberanistas de cara a la celebración del Día de Cataluña hoy y, más concretamente, para calentar la manifestación independentista de esta tarde.
En una entrevista en el diario Punt Avui publicada durante el fin de semana ya había dado un ejemplo de cuál iba a ser su mensaje. Allí el propio Puigdemont delegaba la responsabilidad de que el referéndum sea una realidad en los ciudadanos, tras su ilegalización por el Tribunal Constitucional. "La última palabra no la pueden tener unas elites burocráticas, jurídicas, políticas o económicas, que es el modelo que nos piden que aceptamos. No. Con un tema tan relevante, la última palabra la tendrá el pueblo", señalaba el presidente catalán. El diario titulaba la entrevista con un desarrollo de la misma idea: "La gente es la garantía del referéndum".
Las entidades soberanistas catalanas, que convocan la manifestación independentista de hoy, están siguiendo una estrategia de comunicación muy acompasada con la del gobierno catalán. Òmnium convoca a los asistentes con una pancarta en la que se tapaba la boca a unos personajes y se instaba a la participación en la manifestación de hoy para apoyar el referéndum.
De acuerdo con los últimos datos disponibles y según las entidades soberanistas, al cierre de esta edición aseguraban que contaban con 400.000 inscritos, una cifra que superaba a la del año anterior y que las inscripciones "se habían acelerado en los dos o tres últimos días", según explicaba el Canal público autonómico 324. Las asociaciones que convocan la manifestación han movilizado unos 1.800 autobuses para impulsar la asistencia.
El año pasado, de acuerdo con la guardia urbana, a la Diada acudieron 810.000 participantes. La cifra se redujo hasta las 370.000 con los datos de delegación del gobierno; con una caída del 30% frente a 2015. En paralelo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha puesto en marcha una página web, para apoyar al gobierno catalán por haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum.
La entidad soberanista aspira a alcanzar las 200.000 firmas en este gesto de apoyo, donde los adscritos apoyan que "ante los impedimentos de un Estado demofóbico, estoy al lado del presidente de la Generalitat y su Gobierno. Y para el próximo 1 de octubre quiero votar y votaremos, yo también convoco el referéndum de autodeterminación", señala el texto.
Las entidades soberanistas, además, están facilitando pancartas y síes de colores de cara a la manifestación de mañana, en un intento de buscar apoyos internacionales al referéndum, tras el fracaso del gobierno de Puigdemont a la hora de conseguir apoyos, especialmente en la Unión Europea. De hecho, Europa se ha posicionado claramente en contra de que Cataluña violara la Constitución española.
La economía, en vilo
La estrategia de movilización popular que han puesto en marcha el gobierno catalán y las entidades soberanistas para mantener la legislatura viva, choca con la preocupación que se extiende entre los sectores económicos y empresariales. Desde que Carles Puigdemont alcanzara la presidencia de Cataluña con el apoyo de la CUP, la mayoría de patronales y organizaciones empresariales y los lobbies económicos, han pedido en numerosas ocasiones que se respetara el marco legal. En paralelo, han insistido en que era imprescindible que se retomara el diálogo entre el ejecutivo autonómico y el de Mariano Rajoy, aunque sus peticiones, por el momento han sido desoídas.
Las leyes de ruptura, que el Parlament aprobó la semana pasada evitando que el Consejo de Garantías Estatuarias evaluara su contenido y forzando su inclusión en el orden del día, crearon ya una fuerte polémica con los empresarios. En julio, después de que JxSí y la CUP presentaran públicamente su anteproyecto de la Ley del Referéndum, los servicios jurídicos de la patronal de grandes empresas Foment del Treball señalaron en un informe que esta ley habilitaba un "golpe de estado jurídico".
Aunque, por el momento, esta patronal y los lobbies económicos no han vuelto a hablar -podrían hacerlo tras la Diada o después del 1-0-.
Por el momento, quien se ha pronunciado es Antonio Garamendi?, presidente de Cepyme, y vicepresidente de la CEOE. Garamendi ha sido categórico a la hora de defender los pasos dados por el gobierno de Mariano Rajoy para bloquear la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad y defender la legalidad vigente. Para Garamendi "la base de la democracia es la Ley" y que, cuando sin competencias para ello, hay quienes pretenden imponer sus criterios "el Gobierno tiene que actuar y, con toda lógica, tomar las medidas oportunas para que el Estado de Derecho se imponga".
En cuanto a las consecuencias económicas del conflicto, Garamendi señala que "la estabilidad es fundamental" y que todo lo que desestabiliza la sociedad tiene efectos en la economía: "El dinero es muy cobarde. ¿Cómo se va a invertir donde no hay estabilidad, donde no se sabe si la ley funciona o no?, cuando además quienes no cumplen la Ley son los propios poderes ejecutivo y el legislativo de una comunidad autónoma". Ademas, insistió en la elevada dependencia de la economía catalana de la española y de la europea. Así, de acuerdo con el presidente de Cepyme, Cataluña vende a Aragón más que a Francia -el país extranjero al que más exporta- y a Cantabria más que a Estados Unidos: "En España vende del orden de 44.000 millones de euros, al resto de Europa unos 36.000y al resto del mundo unos 22.000".
Esta advertencia no es la única que llega desde los sectores económicos sobre el impacto que el desafío soberanista en la economía. La Sociedad Civil Catalana calcula que el procés ha reducido la capacidad de crecimiento del PIB catalán en alrededor de un 3,5%. Asimismo, el pasado viernes, la agencia de calificación crediticia Fitch advirtió al gobierno catalán de que si se continúa incrementando la tensión con el gobierno español, sus analistas podrían reducir de nuevo la nota de crédito de Cataluña, que ya es la peor entre todas las autonomías.
Esta advertencia llega después de un informe del banco ING, en el que señalaba que una hipotética independencia de Cataluña tendría efectos económicos para la comunidad más graves que el Brexit. Goldman Sachs ha advertido de este riesgo para CaixaBank.
