JxSí y la CUP han acordado que la ley de transitoriedad jurídica se apruebe antes del referéndum 1-O, salvando las diferencias que había sobre cuándo debía votarse en el pleno del Parlament la norma que diseña una transición de Cataluña del ordenamiento jurídico actual a uno catalán, y ha añadido que la norma entraría en vigor si gana el 'sí' a la independencia, mientras que quedaría suspendida si gana el 'no'. Fuentes cercanas a Moncloa han reaccionado apresurándose a asegurar que la norma "nunca" entrará en vigor.
Lo ha dicho este lunes el presidente de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, en una rueda de prensa con el diputado de su grupo Jordi Orobitg y los diputados de la CUP Benet Salellas y Gabriela Serra, y en la que ha desvelado que el nombre completo de la norma es Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
Corominas ha desvelado que dicha ley prevé que el presidente de la Generalitat pase a ser jefe de Estado en caso de una victoria del 'sí' en el referéndum del 1-O. Como la ley contempla proclamar una república si el 'sí' gana el 1-O, también se prevé que haya un presidente de la república, aunque la norma no define si el jefe del Estado asumirá además ese papel.
"Será el proceso constituyente el que definirá si es el presidente de la Generalitat es también el de la república", ha dicho Salellas, quien se ha referido al proceso constituyente que se abrirá al día siguiente del referéndum si gana el 'sí': duraría seis meses, tras los cuales se convocarían unas elecciones constituyentes.
De esas elecciones saldría una asamblea constituyente, que haría las veces de Parlament para definir la nueva constitución recogiendo las aportaciones del proceso constituyente en un documento que debería ser refrendado.
Después, se prevén unas nuevas elecciones, republicanas, en las que se escogería nuevo gobierno, cuyo presidente de la Generalitat debería ser un diputado del Parlament elegido electoralmente.
Nueva estructura judicial
De la misma manera, la ley, que dota a Cataluña de un 'corpus jurídico' propio, prevé amnistiar a todos los "investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república" -incluidos, por tanto, el expresidente Artur Mas y los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs-. Los grupos han avisado, no obstante, de que "en ningún caso se amnistiarán casos de corrupción; solo los relacionado con el proceso".
Igualmente, la ley desgrana muchos detalles de la estructura judicial prevista para Cataluña, donde no habría Audiencia Nacional; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reconvertiría en el Tribunal Supremo Catalán, y el giscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Govern, "garantizando plena independencia".
La norma también prevé descartar la Sala 5 de jurisdicción militar, si bien se mantendrían las otras cuatro salas: civil, penal, contenciosa administrativa y social. La estructura de empleados "tendrá continuidad, seguirán con su plaza y tendrán las mismas retribuciones que hasta ahora", pero adaptándose a la nueva organización.
El nuevo Tribunal Supremo tendría también una Sala de Gobierno -que sería el Consejo General del Poder Judicial catalán y estaría formada solo por jueces-, y se crearía una Comisión Mixta para "garantizar todos los medios materiales y las funciones".
La ley también establece que la obtención de la nacionalidad catalana en caso de independencia "no exige la renuncia de la nacionalidad española". En concreto, el artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Cataluña a fecha 31 de diciembre de 2016.
En secreto hasta ahora
En su presentación, Corominas también ha aprovechado para criticar a los que han intentado que el pacto entre las fuerzas independentistas "encallase" y ha destacado que este lunes pueden anunciar el acuerdo en el contenido de la norma y en el periodo de su aprobación.
La ley de transitoriedad, mantenida hasta ahora en absoluto secreto, es la principal "ley de desconexión" prevista por el Govern y los partidos independentistas, pues deberá establecer el nuevo marco legal que regirá en Cataluña en caso de que el 'sí' a la independencia se impusiera en el referéndum que la Generalitat pretende celebrar el 1 de octubre.
Mientras que el PDeCAT se ha mostrado partidario de que la ley se apruebe una vez se haya celebrado el referéndum y se haya dado esa eventual victoria del 'sí', tanto ERC como la CUP son favorables a que la norma se apruebe ya en septiembre, antes del eventual referéndum del 1-O.
Llamada entre Sánchez y Rajoy
Por su parte, el Gobierno considera que no queda "ni un mínimo resto de sensatez" en la Generalitat de Cataluña y advierte de que la ley que han presentado hoy JxSí y la CUP "nunca entrará en vigor" porque el Ejecutivo va a "hacer cumplir las leyes" y dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional.
Así han reaccionado fuentes del Ejecutivo al conocer la presentación de la norma, considerando que hoy se produce una "paradoja" y es que mientras en París se reúnen cuatro de las principales democracias de Europa para "trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad", los independentistas "han aprovechado para presentar una iniciativa ilegal para tratar de desconectar a los catalanes de España y de Europa".
A su vez, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretrio general del PSOE, Pedro Sánchez, han mantenido esta mañana una conversación a raíz de la presentación de la ley, según ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Oscar López.
El dirigente socialista ha explicado que ambos se han comprometido a mantener una comunicación fluida y a instrumentalizar posiciones conjuntas ante el "desafío soberanista catalán".
Oscar Puente ha dejado claro que el PSOE se opone a este proceso independentista, que el 1 de octubre "no habrá referéndum" y que si finalmente hay algo no tendrá las garantías suficientes. Por lo tanto, ha dejado claro que el 2 de octubre "no habrá república catalana".
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