Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, parece dispuesto a agotar el plazo máximo para fijar una fecha y una pregunta para el referéndum. El Gobierno catalán continúa tratando de ganar apoyos para la consulta ilegal y la negativa de Podemos a suscribirlo y el plantón del partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, a la reunión convocada el lunes por la Generalitat, no son un buen anticipo.
En este sentido, ayer, Neus Munté, portavoz del Govern, reiteró que el Ejecutivo trabajaba en buscar apoyos, pero no suscribió las excusas que habían dado los Comunes para no acudir a la reunión. El partido de Colau cree que el lugar para tratar este tema son las reuniones para del pacto nacional para el referéndum.
Por otra parte, Munté reiteró que a lo largo de los "próximos días o próximas semanas", el Gobierno catalán anunciaría la pregunta y la fecha de la consulta. Tras preguntas de los periodistas, aseguró que se fijaría antes de julio.
El retraso a la hora de anunciar la fecha y la pregunta -a pesar de la presión de la CUP- puede estar relacionado con la aprobación del reglamento del Parlament, que todavía no se ha tramitado, y que una vez que entre en vigor permitirá aprobar leyes por la vía rápida a iniciativa de los grupos parlamentarios.
Con ella, se pretende sacar adelante la Ley de Transitoriedad, que fijaría el marco legal que se aplicaría en Cataluña a la espera de la independencia.
