La Fiscalía Anticorrupción ha salido al paso de los rumores que apuntaban a que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, querría apartar a uno de los dos fiscales principales de la 'operación Lezo', Carlos Yáñez, en un comunicado en el que aclara que no se le ha cesado ni apartado.
"De hecho, el propio Fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado", explica el comunicado de Anticorrupción.
La Cadena Ser adelantó este martes que Moix valoraba pedirle su renuncia y su regreso a su plaza en Granada. Una información que choca con la emitida por el ministerio Público, desde donde se asegura que Yáñez habría presentado él mismo su renuncia. De confirmarse estos hechos, se acrecentaría la polémica en torno a Moix, acusado de obstaculizar la investigación en torno al expresidente madrileño Ignacio González, quien en su día se referirió a él como un fiscal favorable y "fantástico".
Las diligencias de la investigación contra la corrupción en filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica causaron una 'rebelión' mayoritaria en el seno de Anticorrupción la pasada semana por la orden de Moix, contraria al criterio de los dos fiscales adscritos al caso, siendo Yáñez uno de ellos.
La diferencia de opiniones surgió al solicitar Moix el retraso del registro en el domicilio de uno de los imputados, que no era el que afectaba a González, detenido, ni el de ninguno de los principales imputados en la supuesta trama corrupta del agua de Madrid.
Fuentes de la fiscalía Anticorrupción confirmaron que la petición de aplazamiento de registro de Moix afectaba a otro de los investigados por hechos muy anteriores a la llegada de aquéllos al Canal de Isabel II. Esta sería la razón por la que Moix habría ordenado "desvincular cronológicamente" este registro y el "bloque de hechos" relativo a esta diligencia concreta. Se trataba de los registros vinculados a la filial Inassa por operaciones de la época de Gallardón.
Los dos fiscales principales del caso, Yáñez y Carmen García Cerdá, se opusieron a la decisión del fiscal jefe invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra, según las fuentes consultadas. En dicho artículo se dice que aquel fiscal que reciba una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente" se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y que, si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía".
Sin embargo, tras escuchar el criterio de varios de los fiscales que participaron en la reunión, el fiscal jefe se avino a la petición de los dos fiscales del caso por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, el imputado afectado podría hacer desaparecer documentos, y el registro fue finalmente incluido junto a los demás.
No obstante, la salida de Yáñez del caso a petición de Moix añadiría la sombra de duda a la decisión, ya que podría ser tomada como una represalia contra eñ fiscal principal de 'Lezo'.
