El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, rastrea pagos a través de los cuales el PP de Madrid presuntamente se financió ilegalmente y logró más de un millón de euros para saldar las deudas que tenía con varias empresas proveedoras tras las elecciones de mayo de 2011. El PP admite que sabía que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza.
Ignacio González, vicepresidente autonómico y secretario general del partido en la región, pidió a José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) de la Comunidad la obtención de los fondos para el pago a las empresa proveedores.
Martínez Nicolás lo consiguió inflando contratos, entre otros, a Indra y PwC. El dinero sirvió para pagar supuestamente los compromisos adquiridos por el partido, pero el juez también está investigando un enriquecimiento personal ilícito y sin declarar con fondos desconocidos. El alto cargo de confianza de González habría sumado más de un millón de euros en dos cuentas en Liechtenstein, que habría desviado a Suiza y Panamá.
El que fue subdirector general de la ICM, Silvano Corujo, declaró ante el magistrado en el marco de la Operación Lezo como funcionaba toda la operativa. "Martínez Nicolás se habría valido de la contratación existente entre ICM y las mercantiles mencionadas para obtener el dinero solicitado por Ignacio González", apunta el escrito del juez Velasco. El presidente del Canal de Isabel II pide cerrar las empresas vinculadas a América Latina.
El auto refleja que se han detectado trasferencias desde Liechtenstein por 1,075 millones de euros por 545.980 euros con destino Panamá, y a 529.123 euros a Suiza. Los titulares de las cuentas de Panamá y de Suiza eran Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Arranz Monje, respectivamente, ambos familiares del constructor de Burgos Jesús Arranz Ancinas.
"Dado las características de estas dos operaciones, que hacen que sean difícilmente subsumibles en una operativa comercial ordinaria, resulta que estas podrían tratarse de sendas operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal", asevera el juez.
Precisamente, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron la semana pasada a las respectivas sedes de Indra y de PwC en Madrid. Fuentes cercanas a ésta última compañía confirmaron a este diario que los agentes habían requerido información relativa a los contratos que había firmado con la Agencia de Informática madrileña.
José Martínez Nicolás fue detenido la semana pasada, aunque ya había sido arrestado antes en el marco de Púnica, caso en el que también permanece investigado. Concretamente, en ésta operación que también instruye Velasco, Martínez Nicolás está acusado de pagar 10.000 euros a uno de los conseguidores de la trama, el empresario Alejandro de Pedro.
Compra de Emissao
Las intervenciones de las conversaciones telefónicas en la investigación de Lezo revelan que Edmundo Rodríguez González, expresidente de la filial del Canal de Isabel II en Colombia y consejero delegado de La Razón, aseguraba a sus interlocutores que Ignacio González estaba "absolutamente" al tanto de la operación de compra de la filial brasileña Emissao con la que los investigados desfalcaron presuntamente 23 millones. Además, Rodríguez Sobrino vinculaba en las distintas conversaciones sus problemas a la relación mantenida con Ignacio González. El auto de Velasco señala que Edmundo Rodríguez habría ideado, planificado y dirigido la operación societaria de la compra de la brasileña, "en connivencia con otros intervinientes", estableciendo "premeditadamente" un precio de compra muy superior al real, que fue satisfecho con recursos de Inassa y de Canal Extensia.
La investigación asegura que por el momento las cantidades de los fondos supuestamente desviados y su destino están aún sin determinar. "Sí se conoce que el importe satisfecho por la compra fue abonado en su totalidad en cuentas bancarias en Brasil y Suiza tituladas por el brasileño Sebastiao Cristovam, y por lo tanto, éste último habría sido el primer receptor de los fondos supuestamente desviados", señala el auto.
