La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, argumenta que firmó las cuentas de 2013 siendo consejera del Canal de Isabel II porque la dirección no llevó nunca al consejo la compra de la filial brasileña Emissao, plagada de irregularidades. Dos años después, y pese a que el quebranto patrimonial de Emissao ya era público -el balance consolidado refleja un deterioro de alrededor de 26 millones de euros-, cuatro consejeros de su Gobierno firmaron las cuentas de 2015.
Por otra parte y en el marco de la Operación Lezo, el juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal y hoy mismo hemos conocido que Cristina Cifuentes ha cesado de todos sus cargos y funciones a los directivos del Canal implicados supuestamente en la trama. En otro orden de cosas, el fiscal Anticorrupción Manuel Moix ha admitido que se colocó un micrófono en el despacho de Ignacio González y hoy hemos conocido el SMS de ánimo que envió en noviembre de 2016 el ministro de Justicia, Rafael Catalá a González. Por otra parte el juez ha archivado la causa de Marhuenda y Casals (La Razón).
¿Quiénes fueron esos consejeros?
En cuanto a los cuatro consejeros de Cifuentes que avalaron las cuentas del Canal pese al quebranto, se trata de su número dos en el Gobierno autonómico, Ángel Garrido, presidente del Canal; de la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, que además de vicepresidenta de la empresa pública estaba ya en el comité de auditoría; y de los consejeros de Transporte y Medio Ambiente, Pedro Manuel Rollán y Jaime González Taboada respectivamente.
Tras la puesta en marcha de una comisión de investigación en 2015 en la Asamblea de Madrid y ante la falta de explicaciones por parte del PP regional, el pasado mes de marzo todos los grupos de la oposición -Podemos, PSOE y Ciudadanos- denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción la compra de Emissao. En dicho escrito, ponen especial énfasis en la actitud del Comité de Auditoría Interna del Canal, constituido en 2014, justo después de la compra de la empresa brasileña.
Un silencio sorprendente
"Ha sido sorprendente el silencio que el mismo ha tenido respecto del quebranto patrimonial provocado en la empresa participada, que lógicamente impactó en el conjunto del Canal, con independencia de sus resultados consolidados", se asegura en la denuncia. Según la oposición, durante las comparecencias en la comisión de investigación no se aportó ningún informe alertando de la situación.
La denuncia señala que, pese a que el deterioro ya alcanzaba varios millones "no fue reseñado ni denunciado ni parecía ser objeto de preocupación de los miembros del Comité de Auditoría, que se supone que es un órgano independiente del Grupo Canal y que cuenta con todos los recursos".
Desde el PSOE argumentan, además, que Cifuentes entregó a la Fiscalía el pasado julio "información parcial e incompleta" y sólo después de que la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea comenzara a estudiar meses antes la operación en Brasil. "Se está arrogando la autoría de la denuncia y que gracias a ella se ha desencadenado todo, pese a que los hechos y datos dicen otra cosa", insisten en el PSOE.
En la misma línea también, Ciudadanos solicitó el pasado viernes la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones de su papel en el Canal durante los años que estuvo en el Consejo. Según Ignacio Aguado, portavoz del partido naranja en el Parlamento autonómico, "queremos que Cifuentes venga a comparecer a esta comisión de investigación de corrupción política, porque creemos que tiene muchas explicaciones que dar porque ella fue miembro del consejo de Administración del Canal de Isabel II en los años en los que, precisamente, Ignacio González era también presidente del Canal de Isabel II".
Al igual que el PSOE, Aguado duda de que Cifuentes haya aportado toda la documentación a la Fiscalía y recuerda, en este sentido, que "como presidenta actual del PP de Madrid puede tener acceso a toda la información de su partido".
Defensa del Gobierno regional
Desde el Gobierno autonómico defienden que las cuentas se aprobaron porque el auditor, KPMG, no puso ninguna pega a las mismas -sí que había cuestionado en 2013 la compra de Emissao, según reconoce el juez en un auto- e insisten, además, en que pese a ello inmediatamente después se encargó una auditoría forense para esclarecer la posible malversación de fondos públicos. En este mismo sentido, insisten en que fue Cifuentes la que en el 13 de julio de 2016 llevó ante la Fiscalía General del Estado "el escrito relativo a las anomalías detectadas en el proceso de compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçao".
El expresidente de la Comunidad Ignacio González no tiene, por otro lado, ninguna propiedad en España, según los datos de los registros de la propiedad a los que ha tenido acceso Europa Press. Esto significa que ni el ático que poseía en Estepona junto con su mujer, Lourdes Cavero, ni la casa de Aravaca en la que vive son de su propiedad. Esta última, a nombre de Cavero, ha sido bloqueada por el titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el marco de la Operación Lezo sobre la corrupción en el Canal de Isabel II.
El próximo viernes, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, comparecerá además en el Congreso para explicar la reunión que tuvo el pasado 8 de marzo con Pablo González, hermano del expresidente madrileño, también investigado, y que era directivo de Mercasa hasta el momento de su detención. Nieto asegura que ésta reunión tenía un "carácter protocolario".
