Como la gota malaya, el 'partygate' se ha convertido en la crisis que no cesa. Este martes, la Policía Metropolitana de Londres -más conocida como Scotland Yard- anunció la apertura de una investigación contra el primer ministro británico, Boris Johnson, por haber violado múltiples veces las reglas contra el covid que él mismo implantó. Un salto cualitativo al escándalo, que amenaza con acabar con su mandato a corto plazo. Aunque hay una gran pregunta sobre la mesa: si el público -y los diputados que podrían presentar la moción de censura contra su líder- tendrán que esperar para conocer las alegaciones, o si se harán públicas esta misma semana, como estaba previsto.
Johnson conoció que estaba siendo investigado por la policía en la noche del lunes, cuando los periódicos revelaban la enésima fiesta celebrada en Downing Street: su cumpleaños, en junio de 2020. El evento, que el portavoz del primer ministro no ha desmentido, se celebró en la sala del Consejo de Ministros, "durante 10 minutos" en los que Johnson comió algo de tarta con funcionarios, según insisten. Sin embargo, la filtración a la prensa indica que a la fiesta asistieron también su mujer, Carrie, y Lulu Lytle, una diseñadora que se estaba encargando de la decoración del ala residencial del edificio. Su presencia desmentiría cualquier alegación de que fuera un "acto laboral", y puede ser corroborada de una forma muy simple: revisando las cámaras de vigilancia del pasillo que lleva a la sala en cuestión. Sue Gray, la alto cargo de la administración que está investigando el escándalo, informó de que ya era consciente de esa supuesta fiesta, y que ya la había investigado.
Gray no añadió más datos en aquel momento, pero este martes por la mañana, la directora de Scotland Yard, Cressida Dick, anunció que los datos que había compartido con ellos Gray habían sido suficientes para que decidieran abrir una investigación formal. Hasta el momento, la policía se había negado a hacerlo, alegando que "no investigan violaciones de las medidas anti-covid a posteriori", sino solo si algún agente las corroboraba en directo, y que solo abrirían un caso si recibían pruebas claras de alguna irregularidad. Este giro de 180 grados, ante la presión política a la que se estaba viendo sometida Dick por parte de la Asamblea de Londres, deja a Johnson en una situación muy delicada, ya que indica que Gray debe haber encontrado pruebas que indiquen que las fiestas, en efecto, fueron ilegales.
La primera reacción de Johnson fue aprovechar la situación para tratar de ganar tiempo. El primer ministro celebró la apertura de la investigación policial como una forma de "dar claridad al asunto". Sin embargo, a la vez indicó que no publicaría el informe Gray, ya prácticamente completo, como sugiere el hecho de que la susodicha enviara sus hallazgos a la policía. Hasta hoy, Johnson se había escudado en que Gray publicaría sus conclusiones esta semana para no responder preguntas sobre el tema, y los diputados de su partido habían aceptado esperar a ese momento antes de decidir si presentar una moción de censura contra él o no. Pero ahora, el informe quedaría escondido en un cajón sine die "para no perjudicar las investigaciones policiales".
La reacción inmediata de la oposición, de diputados 'tories' en privado, y de los comentaristas políticos fue señalar que la ocultación del documento no hace más que añadir sospechas sobre la legalidad de sus acciones y extender hasta el infinito una crisis que está devorando lentamente al Gobierno precisamente en medio de una tormenta perfecta: un posible estallido bélico en Ucrania y una crisis económica e inflacionaria grave.
Pero los giros de guion se siguen acumulando. Tras conocerse la intención de retrasar la publicación del documento, Scotland Yard dejó claro de que ellos no tienen ninguna pega a la hora de que se publique, dado que están realizando una investigación independiente y el caso no iría a un jurado popular, por lo que no hay riesgo de 'contaminar' el proceso. Gray filtró a varios medios que, en ese caso, mantendrá en firme la publicación del informe para esta semana, e incluso para este mismo martes, según informa el Daily Mirror. Lo último que se conoce es que el portavoz de Downing Street ha desmentido que intentaran bloquear la publicación del informe -pese a que eso es lo que él mismo anunció esta mañana-, pero que están consultando con abogados y la policía para saber si hay algún dato sensible que requiera ser ocultado.
Pasar página... o no
Con esta bomba sobre la mesa, la gran duda ahora es qué harán los diputados conservadores. Johnson ha reorganizado su equipo de campaña para mantener actualizada una lista de qué diputados de su bancada le son leales y cuáles no, y las filtraciones a los medios apuntan a que un centenar lo serían, una cifra insuficiente para tumbar una hipotética moción de censura, en la que la mayoría estaría en 182 votos.
El ala 'johnsoniana' está pidiendo una oportunidad más, confiando en que la crisis de Ucrania recupere el perfil del 'premier' y desactive el escándalo. En su opinión, los ciudadanos "han pasado página" y quieren hablar de otros temas. Pero las encuestas apuntan a que más de un 60% de los ciudadanos -según una publicada hoy por YouGov- creen que Johnson debería dimitir, y su desaprobación está tocando cifras históricas. Quizá lo único que le salve sea el riesgo de dejar al país a cargo de un primer ministro interino en medio de una posible guerra en Europa, o la mala imagen de obligar al nuevo líder 'tory' a cargar con la paliza electoral que se asume ya para las municipales de mayo. Pero cada día es más difícil imaginar un escenario en el que Johnson siga más allá del verano.
