Este lunes 15 de marzo, el vicepresidente segundo del Gobierno se enfrenta a una difícil situación que pone patas arriba y taladra la financiación legal de la campaña de las elecciones generales de Podemos en abril de 2019. En el epicentro de este suceso se encuentran Juan Carlos Monedero, cofundador de la formación morada, quien ahora se sienta en el banquillo en calidad de imputado. También lo hace y por el mismo motivo -las sospechas del cobro de una factura falsa por unos servicios que ni siquiera fueron prestados-, Juan Manuel del Olmo, alto cargo del Gobierno, director de Comunicación de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia del Gobierno y, responsable de Comunicación en Podemos.
Este viernes, y en contra de las predicciones de archivo de los dirigentes de Unidas Podemos, la justicia ha ordenado reactivar el caso de la Caja B de la formación morada exigiendo el documento de una factura sospechosa.
La relevancia de Calvente
Tras las revelaciones de José Manuel Calvente a la justicia -el letrado que trabajaba en Podemos, y que por descubrir una serie de irregularidades y de notificarlo a la cúpula fue expulsado y acusado de acoso sexual a una compañera-, las sospechas se ciernen sobre Monedero por supuestamente haber ejecutado un desvío de dinero de las subvenciones públicas que salen de los impuestos de todos los contribuyentes.
Los indicios señalan que pudo servirse de una consultora mexicana, Neurona, para acometer esas acciones ilegales. La justicia pone en duda hasta la prestación de dichos servicios y la calidad del trabajo de la empresa azteca durante esa campaña electoral, por la que facturó 363.000 euros con posibles facturas falsas. De esa operación se deriva un pago al actual director del Instituto 25 de mayo, de 26.000 euros, si bien éste niega cualquier ilegalidad.
Con la batalla en el Gobierno entre los socialistas y los podemitas, Iglesias se encuentra en este punto de su trayectoria política y siendo vicepresidente del Gobierno con varias causas abiertas, un partido imputado, una retahíla de dirigentes y algún alto cargo investigados. Y para más inri, con una Fiscalía que ha levantado la veda para que se persigan los hipotéticos delitos de Podemos. Ahí se encuadran los últimos casos como es el empleo como niñera de una alto cargo de Irene Montero o, incoar diligencias por el 'tuit' de Echenique sobre los disturbios por Pablo Hasel.
En correspondencia, y en virtud de la actuación de la exministra y fiscal general, Dolores Delgado, Unidas Podemos ha pedido la comparecencia de ésta en el Congreso, para que explique por qué se ha reunido con "los socios mediático" del comisario Villarejo.
En el mes de septiembre de 2020, Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, y a raíz de unas declaraciones de Calvente y de la abogada Mónica Carmona, abre una pieza apoyada en un informe que semanas atrás había pedido al registro mercantil sobre las sociedades en cuyos consejos de administración figura el confundador de Podemos. Tras ello viene otro informe de la UDEF que apunta a que Monedero pudo cobrar un pago de 26.200 euros de Neurona, un dinero, entonces, vinculado a la contratación posterior de esta empresa por parte de Podemos.
Resulta interesante en este punto la comparativa de las fechas. La factura del pago de 26.200, en concepto declarado de 300 horas de consulta presencial en Buenos Aires, Colombia y México, se emitió el 30 de diciembre de 2018.
Pues bien, esa cantidad la cobró Juan Carlos Monedero el 25 de enero de 2019, por lo que el juez destaca en el auto que "esto es un mes y dos días antes de la formalización del contrato entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad SL". De algún modo se establece la relación entre la factura de Monedero y la contratación de Neurona, estableciéndose así una función de comisionista por parte del cofundador de Podemos entre su partido y la consultora mexicana.
La 'Solidaridad' morada
Después de archivar el caso, el juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha vuelto a reabrir el caso de la Caja de Solidaridad, o 'caja B' de Podemos, y ha pedido a éste que entregue el documento por el que se aprobó la solicitud realizada por una asociación popular para recibir 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido.
De este modo, queda reactivado con ello esta línea de investigación, que cerró pero que tuvo que reabrir por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.
En una providencia del 10 de marzo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid solicita a Podemos que aporte el acuerdo del Consejo de Coordinación por el que se aprobó la petición formulada por #404 Comunicación Popular.
La Justicia reactiva la investigación de la 'Caja B' de Podemos que señala a Mayoral
Este fue uno de los hechos presuntamente ilícitos que mencionó el exabogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019 contra la formación morada y de la que partió el 'caso Neurona'.
Según Calvente, la Caja de Solidaridad se creó en el año 2018 a instancias del diputado nacional de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, como una "herramienta" para colaborar con ""os sectores populares en un proyecto de lucha conjunta por la justicia social", y se habría usado como Caja B.
