El ministro de Consumo, Alberto Garzón, espera que el Consejo de Ministros apruebe en octubre el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de la Actividad del Juego. Según explicó este miércoles, el proyecto, enviado a la Comisión Europea (CE) hace dos semanas, ha superado el trámite sin recibir alegaciones de ningún país miembro, por los que las tesis regulatorias del proyecto normativo cuentan con el aval europeo.
Garzón, que ha comparecido este martes ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, ha explicado que, contando ya con el aval de la CE, el calendario previsto pasa por tener el dictamen del Consejo de Estado en septiembre. Así, la aprobación definitiva en Consejo de Ministros está prevista en octubre.
Sobre el Real Decreto, Garzón ha valorado que se trata de un proyecto que aborda, de manera integral, la problemática de la publicidad y que prohibirá hasta el 90% de los anuncios que hoy existen. El ministro se ha mostrado satisfecho con un texto que cumple con el acuerdo de gobierno, que cuenta con el aval de Europa, con amplio consenso social y responde a la preocupación de miles de familias trabajadoras. "Es otro paso muy importante dado adelante", ha defendido el ministro, para después añadir que se trata de una regulación "estricta" en un contexto que define como "la ley de la selva".
Por otra parte, y tras su aplazamiento por el estado de alarma, Garzón ha anunciado que el Consejo de Políticas de Juego se prevé celebrar el próximo semestre, con objeto de abordar la problemática de la regulación del juego presencial, competencia de las Comunidades Autónomas. Según ha explicado Garzón, existe un interés mayoritario entre los gobiernos autonómicos en homogeneizar la regulación a lo largo de todo el país con el objetivo de reducir la exposición a la población vulnerable.
Busca reorientar la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores en línea
Garzón también ha avanzado que su cartera propondrá a las Comunidades Autónomas una mayor cooperación administrativa en los registros de interdicciones de acceso al juego.
Por último, Garzón se ha referido al trabajo que están desarrollando los Ministerios de Consumo y Hacienda para la reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores en línea. El fin es destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego. Garzón ha dicho que pretende que parte de lo recaudado se destine a minimizar las externalidades negativas que provoca la actividad del juego.
