La continua aparición de rebrotes en la geografía nacional pone en jaque la movilidad de los españoles en unas fechas vacaciones muy propicias para viajar a otras comunidades autónomas. Las alertas sanitarias están ahí y las medidas se están precipitando por una mezcla entre un sistema de prevención poco reforzado para una situación pandémica y unos comportamientos de los ciudadanos que parecen olvidar lo ocurrido en marzo y abril.
El Ministerio y las comunidades autónomas se reúnen este jueves para refrendar el Plan de Actuación Temprana ante el coronavirus. Un texto con el que el Gobierno quiere evitar tener que decretar un Estado de Alarma, pero la herramienta estará preparada ante cualquier rebrote vírico que no se ataje. No es la intención, lo repite el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cada vez que se le pregunta, pero no está descartado. El papel protagonista lo tienen las comunidades autónomas, dice, pero actuarán si hay una dejación flagrante de funciones para controlar un brote.
Pero, ¿se puede aplicar un Estado de Alarma 'selectivo'? La respuesta es afirmativa. La Ley que regula esta medida de excepción permite cerrar toda España, pero también una o varias comunidades, localidades e incluso un barrio. Es decir, el Gobierno, si lo considera, puede entrar de oficio en la gestión de una comunidad, o varias, o de un ayuntamiento si observa que las labores de prevención y control de un rebrote no se están llevando a cabo.
El Ministerio ha elaborado una suerte de podio divididos por niveles de intensidad del rebrote. Siempre que se encuentre localizado dentro de una comunidad autónoma, el Gobierno no intervendrá salvo, como se ha mencionado, si ve que la gestión territorial hace aguas o no es diligente. Pero si un brote traspasa los límites de una comunidad y afecta a otra (u otras), entonces la organización cambia. Se convocaría de urgencia un Consejo Interterritorial para trazar cuáles serán las medidas a tomar pero, y esta es la novedad, el consenso saliente de esta reunión no será reinterpretable por las comunidades autónomas ni podrán decidir cómo lo cumplen. Se tendrán que cumplir al pie de la letra la resolución del Consejo Interterritorial.
El último peldaño del podio se alcanzaría si las medidas fracasan. Sería el momento del Estado de Alarma y se decretaría allí donde se considerase por parte del Gobierno central. Que la organización por niveles sea esta no implica necesariamente que el Estado de Alarma no se aplique en último lugar. Podría ser antes, pero el Gobierno quiere evitarlo y por eso habla de que sólo se adelantaría este paso si observan pasividad por parte de la comunidad autónoma afectada por el rebrote.
Más recursos humanos
El Plan de Actuación Temprana diseñado por el Ministerio y que las comunidades deben refrendar este jueves tiene una parte importante dedicada al personal sanitario que deben tener las comunidades autónomas. "Hay que garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública dedicados a la respuesta de covid-19 que asegure la aplicación de los protocolos de detección de casos e identificación y seguimiento de contactos", dice el documento. Es decir, las comunidades deben contar con el personal suficiente para detectar, rastrear y atajar al virus.
También hay una parte de medidas no farmacológicas ya conocidas. En este apartado las comunidades han reforzado las medidas del ministerio en el uso de la mascarilla. No se trata tanto de un endurecimiento si no de una medida de recordatorio. En muchas poblaciones españolas no se había interiorizado tanto como se debía el uso de la mascarilla al salir de casa.
Reunión con Agricultura
Los focos de Aragón y Lérida estuvieron protagonizados por temporeros. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han presidido este miércoles un encuentro con las comunidades autónomas para abordar la situación del personal dedicado a las tareas de recolección hortofrutícola de temporada. En la reunión, celebrada por videoconferencia, han participado los titulares delas Consejerías de Sanidad y de Agricultura de 11 comunidades autónomas donde más recogida de cosecha se realiza: Cataluña, País Vasco, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Navarra, Extremadura y Castilla y León.
Todas las partes han estado de acuerdo en que la recogida de la fruta es una actividad esencial en nuestro país, pero que es necesario proteger la actividad para que no genere o agrave un problema de salud pública que, en este caso, está más asociado a las condiciones de vida o de transporte de los trabajadores temporeros que con la propia actividad desarrollada. Los ministros han acordado con las comunidades autónomas mantener encuentros periódicos para anticiparse a las próximas campañas agrícolas.
