El Gobierno ha clasificado como "secreto" la seguridad del chalet familiar del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que está situado en la localidad madrileña de Galapagar.
Así lo asegura el Ejecutivo a través del Portal de Transparencia en respuesta a los efectivos que se destinan a proteger de la vivienda de los dos miembros del Gobierno preguntado por Servimedia tras las protestas de las últimas semanas frente a la vivienda que han obligado a aumenta el despliegue de agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones.
Según ABC, en los últimos días la Benemérita ha destinado a la vigilancia del chalet a agentes de localidades próximas a Galapagar como Villalba, El Escorial y Torrelodones.
El Gobierno reduce al "secreto" su respuesta a las preguntas sobre cuántos agentes están asignados de forma permanente al dispositivo de seguridad, si cobran horas extra o si hay una estimación del dinero que supone al mes proteger este inmueble de Galapagar,
El pasado 23 de junio, en una respuesta emitida por la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior a Servimedia, el Ejecutivo clasificó como "secreto" la seguridad del chalet, fundamentándose en la Ley 9/1968 de Secretos oficiales, que establece que pueden ser objeto de protección "determinadas materias" sobre las que dar información puede "afectar a la seguridad y defensa del Estado".
En concreto, el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, "otorga el carácter de 'Reservado' a aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las unidades" de las Fuerzas de Seguridad.
Así las cosas, el Gobierno también indica que su negativa a informar sobre el dispositivo de seguridad respecto a la vivienda de Iglesias y Montero puede recurrirse ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.
La misma respuesta planteó el Ejecutivo a la Ley en 2019 al requerírsele información sobre el coste que tuvo que Sánchez usara el avión Falcon de las Fuerzas Armadas para asistir en julio de 2018 a un concierto del Festival Internacional de Benicássim (FIB),en Castellón.
E ese caso, el recurso que entonces presentó Servimedia ante el Consejo de Transparencia llevó al Gobierno a informar posteriormente que este uso del avión oficial tuvo un coste de 282,92 euros.
