"Vamos a ganar al virus", manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, en su comparecencia tras bronco un Consejo de Ministros de más de siete horas. El estado de alarma restringirá, desde el lunes, el movimiento de las personas a desplazamientos para ir al trabajo o para proveerse de alimentos en el supermercado, acudir a la farmacia, la peluquería, a gasolineras, pasear con mascotas, o para recibir atención sanitaria.
El Consejo de Ministros extraordinario que comenzó este sábado a las 10.30 de la mañana concluye con un bloque de cuatro áreas en las que se basa la aplicación del Estado de Alarma. Salvar a las personas y ganar al virus, dijo Sánchez, esas son las prioridades, para las que, explicó el presidente, las medidas serán drásticas y van a tener consecuencias. En definitiva, las cuatro líneas maestras son: el apoyo a las familias las empresas y los autónomos; sostener y facilitar la situación de los trabajadores afectados; fomentar la liquidez e investigar la vacuna contra el Covid-19.
Autoridad competente, con Illa en primer orden
El Estado alarma afectará a todo el Estado español durante 15 días prorrogables. La autoridad competente será el Gobierno de España. Serán también autoridades competentes delegadas: la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ninguno de ellos del socio de la coalición, Unidas Podemos. Ante cualquier conflicto el delegado en primer orden será Salvador Illa.
En cualquier momento y cuando sea necesario dispondremos de la actuación de las fuerzas armadas, el Ejército ya está preparado para ello, puntualizó el presidente.
En cuanto a los desplazamientos, estarán prohibidos, en definitiva, los que no sean de fuerza mayor. Siempre en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente, durante la vigencia del Estado de Alarama las personas sólo se podrá circular para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, prestación laboral o empresarial, regreso al domicilio, cuidado a personas, desplazamiento a entidades financieras y de seguros y actividades de análoga naturaleza.
Estos desplazamientos habrán de realizarse individualmente salvo quienes precisen ser acompañados. Lo mismo para los vehículos. El ministro del Interior podrá acordar el cierre de carreteras o tramos o de determinados vehículos.
Queda suspendida la actividad educativa y la universitaria. Durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades lectivas online. Del mismo modo, queda suspendida toda la actividad comercial minorista salvo de productos de primera necesidad.En cuanto a las elecciones en Galicia y País Vasco, Sánchez ve poco razonable su celebración, aunque emplaza a la decisión de los presidentes autonómicos.
¿Qué es el estado de alarma?
El estado de alarma está recogido en el artículo 116 de la Constitución Española junto a los estados de excepción y de sitio, y los tres -desarrollados en la Ley Orgánica 4/1981- se refieren a "circunstancias extraordinarias que hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes". Estas situaciones aluden a catástrofes o emergencias sanitarias, como la que supone el coronavirus Covid-19.
De los tres escenarios, alarma, excepción o sitio, el de alarma implica la menor gravedad. Su duración se prolonga durante un plazo máximo de 15 días y lo declara el Gobierno tras ser acordado en Consejo de Ministros e informado posteriormente el Congreso de los Diputados. Sólo en el caso de que el Ejecutivo quisiera prorrogarlo, necesitaría el consentimiento expreso de la Cámara Baja.
Tanto el decreto para declarar el estado de alarma, como los sucesivos que se dicten durante su vigencia, permiten aplicar medidas de distinta gravedad, como limitar la circulación de las personas y los vehículos; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. La limitación de la circulación de personas es, precisamente, la medida necesaria para ordenar confinamientos de personas, como el que ya están sufriendo los habitantes de Igualada y otros tres municipios barceloneses o el decidido por la Región de Murcia en sus áreas turísticas.
La declaración del estado de alarma también permite al Gobierno intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados, así como limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
Además, el Ejecutivo adquiere la capacidad de impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por las situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. En este último caso, el Ejecutivo incluso puede incluso acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento.
La última declaración de estado de alarma en España tuvo lugar en 2010, cuando una huelga de controladores aéreos forzó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero a movilizar a los militares para ocupar sus puestos en los aeródromos. Se prolongó durante 42 días, a través de prórrogas.